Edgar Ortiz
El pasado 3 de enero, en una entrevista para Emisoras Unidas, el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre sugirió que, para dar una muestra de buena fe y de que el próximo fiscal general sería independiente, el presidente podía seleccionar al próximo fiscal general por sorteo.
Recuerdo haber escuchado que el exmandatario sugirió que el sorteo se hiciera en presencia de los directores de los medios de comunicación. El sorteo se haría mediante una tómbola en la que habría seis papeles o pelotas con el nombre de cada uno de los seis elegibles que envíe la Comisión de Postulación. Él propone que el último nombre en salir sea el próximo fiscal general.
No es la primera vez que se propone algo similar. En 2009, ingresó al Congreso la iniciativa de ley 4028 (https://bit.ly/32XoUen) que contenía la propuesta de reforma constitucional de la Asociación Civil ProReforma. Esta sugería que tanto los magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y fiscal general fuesen elegidos por sorteo a partir de una nómina elaborada por una comisión de postulación.
Como lo explica el profesor Paul Cartelege, profesor de cultura griega en la Universidad de Cambridge, en la Antigua Grecia el sorteo (klērōsis) se consideraba un mecanismo democrático. El sorteo se utilizaba principalmente para designar al consejo y las cortes.
La participación a los cargos públicos era voluntaria. Los candidatos debían someterse a una investigación previa (dokimasia). Este proceso no evaluaba tanto su idoneidad, sino que cumpliera con los requisitos: que fuera ciudadano, si había ocupado el cargo anteriormente, etc.
Modernamente el sorteo ocupa su lugar en la cosa pública. Se utiliza en Estados Unidos para integrar los jurados, se utiliza el sorteo, en ciertos casos, para determinar el juez federal competente para conocer una disputa, entre otros.
En años recientes incluso se ha utilizado el sorteo para tomar decisiones de mayor trascendencia. En 2012, el gobierno federal de Irlanda llamó a una convención constitucional que elaboraría recomendaciones para reformar la Constitución. La convención constaba de 100 miembros, de los cuales 66 eran ciudadanos seleccionados por sorteo. Los restantes 33 miembros eran diputados al Congreso y senado (https://bit.ly/3qcFgZ2).
La idea no deja de ser interesante, aunque daría para un debate más profundo sobre las consecuencias de optar por un método así para seleccionar a un fiscal general. El primer punto que debe destacarse es que la calidad de la nómina de los seis elegibles depende en gran parte del buen o mal trabajo que haga la comisión de postulación.
Si suponemos que los seis son aptos para el cargo, el sorteo no es un mal método de selección. Si suponemos que, de los seis, solo algunos reúnen las condiciones deseables, a lo mejor no es tan buena idea.
La propuesta del expresidente Maldonado Aguirre es viable legalmente. Al fin y al cabo, el artículo 251 constitucional le otorga al presidente la discrecionalidad para elegir al fiscal general de la lista que le envíe la comisión de postulación. Él decide si lo selecciona a partir de su propio juicio o si lo hace por sorteo o de cualquier otra forma. En cualquier caso, me parece que el tema merece consideración.
