Hacia finales de diciembre del 2023, según registros oficiales, la pandemia de COVID-19 habría causado la muerte de más de 20,000 guatemaltecos. Aunque debemos reconocer que los ciudadanos fallecidos fueron al menos 30,000. En los primeros 9 meses de ese espantoso año 2020, controlar el contagio fue una tarea casi imposible para un sistema de salud abandonado y minado por la corrupción. Cuando fueron proclamados los primeros resultados de las futuras vacunas contra el SARS-CoV-2, los expertos sabíamos que este sería el modo mas eficaz y seguro de evitar más muertes y sufrimiento.
Nunca imaginamos encontrarnos frente a la mesa con un presidente y médico que no creía en los beneficios de las vacunas. Contra este designio, la CoPreCOVID y el equipo de la ministra de salud logramos cabildear en el Congreso la aprobación de la Ley que aseguraba los fondos para vacunar a millones de ciudadanos. Pero la CoPreCOVID advertiría antes de su fin, que había necesidad de legislar la exoneración de responsabilidad a los productores de vacunas que no querían arriesgar el uso de emergencia de sus productos y enfrentar luego juicios millonarios. Sin esta, ninguna compañía seria estaba dispuesta a vender sus vacunas, ni a Guatemala, ni a nadie. Todos los países de América Latina hicieron lo correcto, y pudieron optar a contratos de vacunas de avanzada contra la pandemia, excepto Guatemala.
¿Fue esta una estrategia sutil y premeditada para forzar la mano de la ministra de Salud a firmar un contrato perverso con el fondo ruso? Para marzo del 2021, 6,700 personas habían fallecido por COVID-19 y el gobierno se empecinaba en signar en una negociación oscura el contrato con Human Vaccine LLC vía el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto que la ministra lo rubricó, era eso o renunciar y abandonar a la población a los designios del pacto de corruptos. Hay que tener claro que en el gobierno de Giammattei poco ocurría sin su tácita venia. Los efectos de ese contrato lesivo y sin potestad ni gana de reclamo se hicieron evidentes en pocas semanas. Los rusos no despacharon, luego cambiaron la vacuna contratada, y cuando finalmente dispensaron, lo hicieron a cuentagotas. La esperanza de millones de guatemaltecos que aguardaban la tabla de salvación se desmoronó semana tras semana al retrasarse las entregas de las Sputnik. ¿Tomo entonces el presidente el liderazgo de rectificar y declarar el contrato lesivo? No, a pesar de que pudo y debió hacerlo mediante Acuerdo Gubernativo según la legislación de lo Contencioso Administrativo.
El segundo posible delito está en el atraso del Congreso, hasta el 5 de julio del 2021, para aprobar la Ley de Exención de Responsabilidad por el Uso de Vacunas contra la COVID-19. Esta negligente demora por más de 6 meses a pesar de los dictámenes públicos de la CoPreCOVID, provocaron la muerte adicional de casi 12,000 personas durante la más mortal ola de coronavirus Delta. La desidia de la Junta Directiva del Congreso y del expresidente al no actuar para garantizar y proteger la vida humana pudiera ser procesada como una violación grave al artículo 155 Constitucional. “Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren” reza la carta magna. Velar por la primacía de la vida y la salud es adeudo de tanto el ejecutivo como el legislativo, y en esta macabra maniobra, la directiva del Congreso fue omisa y culpable.
El tercer delito lo carga el propio Ministerio Publico, que ante la evidente lesividad del contrato y de la falta de la maquinaria rusa de cumplir con lo pagado, debió investigar, acusar y someter a juicio in promptu a los funcionarios públicos, incluyendo al presidente. Pero su complicidad en la impunidad fue evidente y su desidia bochornosa.
El caso de las vacunas Sputnik fue orquestado por una mafia de políticos y funcionarios a los que poco importó la vida de la mayoría. Para la cúpula, el negocio siempre fue primero, la vida de ellos y sus familias siempre superior, y ahora esperan que la impunidad les permita limpiarse las manos y la conciencia. El sendero legal para derivar responsabilidades de este pérfido contrato no puede quedar solo en los firmantes, debe perseguir y hacer pagar a la caterva de progenitores que se beneficiaron del desfalco. El nuevo gobierno debe enjuiciar con coraje y pericia, sobre todo en nombre de la memoria de los que perdimos en la batalla contra la pandemia.
