David Barrientos
Aunque no hay suficiente rigurosidad ni claridad académica respecto al empleo del término gobernabilidad, si se posibilita medir que la falta de gobernabilidad, la que llega de manera gradual, en ocasiones puede no ser percibida, puede estarse viviendo en la ingobernabilidad sin estar consciente de ello. Por lo que es importante evaluar de acuerdo a ciertas características, que nos pueden proveer razonablemente la posibilidad de identificar si estamos o no, en una situación de ingobernabilidad; características que impiden gobernar y proporcionar la posibilidad necesaria para lograr el bien común, como: situación política desordenada; desperfecto sustancial o mala calificación de gobierno; débil estado de derecho; inestabilidad generalizada; facciones en lucha por el poder sin importar las consecuencias para los ciudadanos; acciones gubernamentales que no tienen resultados concretos o si los tienen, ellos son poco claros y discutibles; corrupción como oportunidad de beneficio personal en varios ámbitos; batalla de propaganda de diferentes sectores; estancamiento de incentivos económicos.
Una situación de ingobernabilidad muestra además, fácilmente a los actores e identifica su responsabilidad; protagonistas de diversa naturaleza y pertenencia, sostenidos en el tiempo, con una carga muy grande para la clase política que ha gobernado por largo tiempo, los que han contribuido a la falta de certeza en la búsqueda del bienestar común, dentro de esta clase política hay de diferentes corrientes ideológicas, pero con la misma desventura. A quienes gobiernan ya en un estado con falta de gobernabilidad no les queda más que utilizar las herramientas jurídicas, estructura institucional que tenga y un accionar con la certeza y firmeza que las normas vigentes les otorgan para apuntar al bien común; tarea nada fácil pero tampoco imposible. En Guatemala hemos vivido tres semanas de hechos vandálicos: en la Avenida Reforma; en las carreteras del país, en el centro de la ciudad y por último en el departamento de Izabal, todas repudiables.
Los tres organismos de Estado deben atender tales muestras de ingobernabilidad, de lo contrario están fallando notablemente en su responsabilidad esencial de proveer a los ciudadanos de un ambiente de seguridad y orden que les haga posible tener confianza razonable en el presente y el futuro. Sin embargo, pareciera que es el ejecutivo quien él solo, debe cargar con la responsabilidad de atender a las referidas características y acciones de desborde de violencia, incluso pareciera ser que la Policía Guatemalteca es quien deba resolver tales explosiones de descontento combinadas con manipulación y lucha por el poder. Es oportuno recordar que la policía es la fuerza que está a cargo de resguardar el orden público, así como de la seguridad de la población y no para resolver problemas de tipo económico, político, social, incluso ideológico y de lucha por el poder político; sobre todo cuando no se ha atendido por décadas las necesidades de una institución que requiere de atención integral como: capacitación, entrenamiento y equipo; certeza de su accionar, soporte de la autoridad al más alto nivel, bienestar de su personal, un liderazgo efectivo, una supervisión y fiscalización fuerte. Si perdemos la garantía del orden público, estaremos en una situación de anarquía.
