David Barrientos
Las semanas recién pasadas hemos sabido a través de diferentes medios de comunicación de las fiestas realizadas en el interior del país; situación que pone de manifiesto la soberbia de los guatemaltecos al desafiar la situación sanitaria global que se vive por el COVID. Es correcto que la autoridad local y autodeterminación de las comunidades deba respetarse; sin embargo, cuando la seguridad de grandes conglomerados sociales se pone en riesgo se está violando el principio de que el bienestar general prevalece ante el bienestar particular, sobre todo cuando se observa a menores de edad en tales eventos sociales prescindibles. La autoridad nacional ha desarrollado las alertas y llamados correspondientes; sin embargo, ante una multitud convencida a desarrollar eventos masivos es literalmente imposible impedirlo, sobre todo en áreas donde la conflictividad social está presente desde hace mucho tiempo.
Tales eventos masivos pueden tener un efecto exponencial catastrófico para la salud en la región. Luego de ello será difícil encontrar responsables de la promoción de tales actividades; cabe recordar que con el liderazgo se pueden hacer cosas buenas y cosas malas, en este caso, los liderazgos que propician tales actividades o quienes motivan tales reuniones obviamente no son buenos; además de irresponsables, porque difícilmente pueden proveer las respuestas sanitarias adecuadas en caso de que los contagios se disparen, o que anticipen condiciones para el aumento de casos que requieran de atención médica. La pandemia sigue cobrando vidas en el mundo y solo las medidas severas que permitan aforos adecuados pueden detener los contagios.
La actual pandemia atenta contra la persona, la familia y contra la garantía de la vida; en tal virtud ataca lo más preciado de una sociedad y no caben los caciquismos locales, ni los intereses politiqueros ahora que se avecina un proceso electoral; lo que cabe ahora es: una declaración de guerra en contra de esta pandemia, y para lo cual deben emplearse todos los medios y herramientas con las que cuenta el país en su conjunto para esta declaratoria; el COVID está acabando con la vida de las personas y familias; y es donde cabe recordar los tres primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. El primero se refiere a la protección de la persona, la familia y el bien común, el segundo y tercero a garantizar a los habitantes la vida. En tal virtud la declaratoria ha iniciado con los planes de las autoridades de salud, y en la medida que avanza la amenaza se van sumando otras instancias como hemos podido observar, donde a la primera línea se van integrando más guatemaltecos de diferentes organizaciones, ahora sí, sin distingo de corriente de pensamiento; paulatinamente se va integrando una defensa general para evitar que las muertes sean tantas; es por ello que las acciones como las acontecidas en el país los últimos días, donde las personas no atienden a los aforos establecidos, deben considerarse como atentatorios contra los valores constitucionales como la garantía de la vida. De lo contrario estaremos inmersos en un espectro dantesco caracterizando un escenario de guerra, con las consecuencias que ello conlleva.
