Llegó la hora. Guatemala está frente los sucesos más dramáticos de su historia moderna, ante un golpe de Estado como respuesta a la derrota electoral de un grupo de gorilas corruptos. El diputado Boris España, miembro del partido VAMOS, quien presidió la sesión del Congreso donde con 108 votos se le quita el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es el claro ejemplo de cómo actúan los aliados de Miguel Martínez y Giammatei. Sin saber que su micrófono estaba encendido, informa a uno de sus patrones, “hermano, hermano, ahorita voy a leer y terminamos esta mierda, sólo falta se somete y ta, ta, ta”, dice España, y queda grabado para siempre. Ya nada asombra y tenemos que estar preparados para cualquier cosa con esta banda de delincuentes en el poder.
Al quitar la inmunidad a los magistrados, se abre la puerta para que el Ministerio Público arme un caso en relación con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, lo cual pondría en duda los resultados de la reciente elección. Es un sinsentido porque de ser así, quedarían invalidados los resultados para los actuales diputados/as electos, así como alcaldes y alcaldesas; no podrían cuestionar sólo la segunda vuelta. Sin embargo, ante lo visto durante los últimos meses, son capaces de armar un mamarracho de caso y resolución, que invalide la segunda vuelta y no la primera. O peor aún, se explicaría el silencio cómplice de los electos por el partido oficial y, quienes ya están en el poder, permanecerían en él hasta que se realice un nuevo proceso electoral.
Cualquiera que sea el desenlace que tienen preparado, es abominable para la democracia y el estado de derecho en Guatemala. Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos, antes adorado por los gorilas corruptos, añadió a Miguel Martínez a la lista de quienes se ven afectados por la Ley Magnitsky, esta es una sanción que la Oficina de Bienes de Control en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos utiliza, para afectar a actores corruptos y antidemocráticos, llevándolos a una muerte financiera a través del embargo y bloqueo de bienes de capital y financieros, así como de la prohibición a cualquier entidad bancaria que tenga relación con el país del norte, de tener cuentas, negocios y cualquier relación con quienes aparecen en esta lista. A Miguel Martínez, el gobierno gringo lo agrega por “su papel en la corrupción de Guatemala y por supuestamente recibir sobornos para pactar un contrato de 16 millones de dólares por vacunas en la emergencia del COVID 19”.
Luego de escuchar a Boris España, no asombraría que mientras la gente sufría una pandemia, en el gobierno de Giammatei, su delfín pensara en enriquecerse. Y no sería nada extraño que a quien el diputado oficialista llama “hermano”, sea el mismo Martínez.
Llegó la hora de actuar contra esta pléyade de gorilas corruptos, y no dejar que sigan con su plan y que los resultados electorales sean invalidados. No se trata de apoyar a Semilla, se trata de no dejar que los corruptos nos metan en una dictadura.
