Álvaro Montenegro
La fiscal general Consuelo Porras sabe que el cariño que le muestran sus aliados nace únicamente debido a que ha demostrado actuar fielmente en favor de aquellos que han dominado al país y han edificado un paraíso de crimen, violencia, desigualdad y pobreza convirtiéndonos en uno de los lugares menos habitables del continente. A punta de mañoserías, Consuelo y quienes la sostienen lograron que todos los miembros de la Comisión de Postulación, sintiéndose amenazados, votaran por ella.
Para continuar al mando del Ministerio Público, que es lo único que le permite validarse -esa sensación de creerse más que los demás, emoción que impulsa a todo dictador- montó casos penales contra varias personas para entrar a la fuerza en el listado de seis.
El primero que sufrió persecución fue David Gaitán, ex decano de la Da Vinci, cuando se agilizó una denuncia en su contra por una cuestión administrativa. Esto provocó que Gaitán renunciara pues existían sospechas de que utilizarían este pretexto para detener el proceso con el fin de que Consuelo continuara. Esta primera afrenta se dio tras una denuncia de Fundaterror, una organización que opera como grupo de choque de quienes buscar garantizar un régimen de impunidad.
Casualmente, durante la elección de fiscal general, el decano de la Usac Henry Arreaga fue citado a primera declaración por una compra anómala de un edificio y su caso fue desestimado. Con agradecimiento, juró lealtad a Consuelo devolviéndole el favor y respaldándola con consistencia.
Giammattei, la CC y Fundaterror, las piezas que defienden al statu quo, hicieron lo que les tocaba. El presidente sacó un comunicado contra la comunidad internacional alegando injerencia cuando el G-13 convocó a una reunión a la Postuladora. Así evitaron la promoción de mecanismos de transparencia y de estándares internacionales en materia de elección de funcionarios del sistema de justicia.
La otra arista de la estrategia conllevaba asegurar que no se inscribieran candidatos honorables con posibilidades de lograr notas altas que pudieran ser una amenaza para Consuelo y entonces, al estilo Daniel Ortega anulando la competencia, el Ministerio Público criminalizó a fiscales, jueces, abogadas defensoras y ex mandatarias de CICIG, lo que inyectó una zozobra inusitada en el mundo jurídico y esto hizo que nadie quisiera postularse por miedo a ser perseguido ilegalmente.
La CC le puso la tapa al pomo en dos ocasiones: a pedido de Fundaterror emitió una resolución donde impidió participar en la contienda a los jueces, lo que provocó que quedaran fuera varios jueces y juezas reconocidas y que supondrían candidaturas notables. Para finiquitar el objetivo de llevar en andas a Consuelo, la misma CC, a pedido de Erick Castillo, abogado del Rey del Tenis, otorgó un amparo para obligar a la Comisión de Postulación a incorporar a la actual fiscal general en el listado de los seis aspirantes sobre los que Giammattei debe elegir. Como dijo el periodista Luis Ángel Sas, con una pistola (metafórica) en la sien de siete comisionados que se negaban a incorporar a Consuelo al listado, la actual jefa del Ministerio Público avanzó a la siguiente ronda para que el presidente pueda seleccionarla.
Como se sabe, ella chantajea a medio mundo para continuar en el cargo. Giammattei, muy probablemente, la elegiría aún en contra de los deseos de Estados Unidos y de la opinión pública.
Esta elección nos ratifica que vivimos en una institucionalidad aparente donde las redes criminales dominan las instituciones de justicia y fingen procesos legales para legitimar un sistema de corrupción y saqueo, al estilo de cualquier dictadura en ciernes.
Giammattei es el CEO temporal de esta red criminal llamada Estado de Guatemala. Si no hay una muestra de rechazo amplio desde una alianza transversal que haga frente al aumento del crimen, la intolerancia y la corrupción, cualquiera -quizá Zury Ríos- lo reemplazará y el país continuará en picada.
