Claudia Virginia Samayoa
Cartas de una Lechuza
@tucurclaux
La gestión actual del Ministerio Público tiene como objeto liberar a todas las personas vinculadas a las Redes Político-Económicas de Impunidad, las de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad y de violadores de derechos humanos.
Hemos puesto mucha atención a las acciones de criminalización y persecución de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos. Tal vez se entera usted si le quitan o no la prisión preventiva a personas que están ligadas a proceso por delitos graves. En todos estos casos, el proceso penal sigue y estamos aún pendientes de sentencias que establezcan o no la culpabilidad de unos y otros.
Pero menos atención se pone a las acciones u omisiones de la FECI y cuyo resultado es la impunidad. Quiero que tome nota de lo que ha ocurrido con el caso IGSS-PISA. ¿Se recuerda?
El Ministerio Público anunció el 20 de mayo de 2015 la captura de los directivos del IGSS encabezados por Juan de Dios Rodríguez, su presidente, por la aprobación de un contrato irregular con la Droguería PISA para proporcionar los servicios de diálisis peritoneal para personas sufriendo de insuficiencia renal. La captura incluyó a dos enfermeras que fueron miembros de la Junta de Licitación y que desconocían que firmaban porque todos sabían que ese nombramiento era para poner las firmas.
El negocio irregular no solo constituyó un sobrepago del servicio sino también una prestación del servicio negligente que generó desde el 2014 hasta la fecha de hoy más de 60 muertes. La asociación de víctimas del IGSS-PISA y sus familiares no se han cansado de solicitar justicia. Después de 7 años, el MP no ha realizado una investigación por la mala práctica.
Lo único que les quedaba era el caso de corrupción que podría eventualmente explorar los daños. Sin embargo, cuando el caso finalmente llegó a las fases de sentencia y apelación, los cambios de política de la FECI y de fiscales ocasionó que los nuevos encargados de la persecución penal no tuvieran la capacidad o disposición de estudiar para entender los casos. En su lugar, se dedicaron ya sea a socavar la investigación que su institución había hecho o sencillamente a hacer mal trabajo.
Eso fue lo que pasó con el caso contra los miembros de la Junta Directiva, la junta de Licitación del IGSS y los personeros de la droguería. De un plumazo, la Corte de Constitucionalidad anuló todo lo actuado y dejo en libertad simple a todos los sujetos. Imagínense, las personas que fueron absueltas durante el proceso y que lograron mantener su inocencia; tiene la misma condición de otras personas sentenciadas que salieron libres por un tecnicismo, una falla del Ministerio Público.
La ley es clara y hoy todos los acusados son inocentes. Pero me pregunto, ¿y quién le dará un poco de justicia a las víctimas y sus familias? Este caso de corrupción mató personas con nombre y apellido. Para ellas no hay nada; para ellas el Ministerio Público procura impunidad.
En esta dictadura, no todos somos iguales ante la ley. La víctima queda desamparada y el Estado protege a quienes fueron declarados culpables o quienes podrían ser responsables. Mi solidaridad por quienes murieron como consecuencia de la corrupción en los servicios de salud que pagaron mes con mes durante su vida laboral.
