Carlos Rolando Yax Medrano
El viernes 3 de septiembre de 2021, Alejandro Giammattei pretendió declarar por segunda vez, en menos de un mes, Estado de Calamidad Pública por medio del Decreto Gubernativo Número 8-2021. Luego de conocerlo y discutirlo, el Congreso de la República debía proceder a aprobarlo, modificarlo o improbarlo y con ese objeto se reunió en sesión plenaria el lunes 6 de septiembre. Aunque la justificación que presentó el Gobierno era la necesidad de restringir la movilidad de las personas para evitar el aumento de contagios por COVID-19 a través del toque de queda, la verdadera intención era tener el cheque en blanco que le otorga la Ley de Contrataciones del Estado para situaciones derivadas de estados de excepción.
Durante 2020, el Estado realizó compras bajo el Estado de Calamidad Pública para atender la pandemia por un monto total de Q1,690 millones. La quinta parte de esas compras se realizaron por medio de procesos no competitivos sin concurso público, es decir que Q379 millones se gastaron en compras directas o “a dedo”. Así es como las autoridades pueden aprovecharse y hacerse de los recursos públicos. Por eso la necia insistencia del Gobierno en decretar Estado de Calamidad. De esa manera pueden favorecerse los compinches del Presidente y demás funcionarios con los impuestos de las guatemaltecas y guatemaltecos.
El pueblo está harto de ese descaro. En plena pandemia, cuando los hospitales y el personal de salud más lo han necesitado, el Organismo Ejecutivo ha hecho recortes presupuestarios. Médicas y médicos están pidiendo recursos para poder atender a una población enferma, pero Alejandro Giammattei lo que ha hecho es quitarles dinero. Aunque se le exigió al Congreso de la República que improbara el Estado de Calamidad, Allan Rodríguez y demás títeres del Presidente hicieron todo lo posible para aprobarle el cheque en blanco. Sin embargo, las actuaciones de algunos diputados de oposición lograron detener el asalto.
En particular, el diputado Aldo Dávila fue fundamental para la defensa del bien común. Por medio de una transmisión en vivo dejó al descubierto las más sucias prácticas que tienen lugar dentro del Congreso. En ella se pudo ver en directo al Presidente del Organismo Legislativo intentando comprar los votos necesarios para llenarle los bolsillos a sus jefes. Aunque poco le importó, Allan Rodríguez quedó en evidencia ante sus electores. Más de 239 mil personas estuvieron conectadas al mismo tiempo y en total la transmisión tuvo más de dos millones de reproducciones.
En un Estado en el que los representantes del pueblo se convierten en ladrones y los partidos políticos en sus vehículos, la clave para recuperar la democracia puede estar en la tecnología. En esta ocasión las redes sociales permitieron la participación de la ciudadanía en un asunto público. Cientos de miles de guatemaltecas y guatemaltecos tuvieron acceso en directo al Congreso. Así, la democracia líquida aparece como una alternativa para que las ciudadanas y ciudadanos puedan tener una participación directa en la gestión de lo público. El Congreso de la República es el escenario idóneo para implementarla, puesto que su naturaleza es deliberativa y es en él donde se ejerce la representación. Ahora corresponde exigir a demás diputadas y diputados que sigan el ejemplo y usen Facebook contra los ladrones.
