Hace algunos días, la Fiscal General practicó el travestismo político. Dejó el rol e identidad correspondiente al cargo que ocupa y se pasó a la tarima de la política. Hizo gala, con mucha emoción, de una retórica propia de una agitadora política, enfrentando abiertamente al Presidente de la República. Doña Consuelo Porras se definió explícitamente como una contrincante política del Presidente. Parecía que estaba compitiendo en una campaña como líder de la oposición. Ya más explícito no pudo ser en su enfrentamiento político con el Presidente Arévalo.
Ahora bien, la calificación que hago del travestismo al llamarlo político, hay que precisarla con la apreciación que quien lo ejecuta, en este caso la Fiscal General, no tiene como objetivo aparentar lo que no es. Esta conducta revela lo que realmente es, una pieza clave de una estrategia política que persigue deslegitimar al Presidente. Una estrategia que pretendió anular la declaratoria del triunfo electoral que emitió el Tribunal Supremo Electoral, que trató de evitar que tomara posesión para el cargo al que había sido democráticamente electo y que ahora intenta defenestrar al Presidente. O sea que la pregunta pertinente debe ser: ¿es una Fiscal que se vistió de política con estas declaraciones, o es una política que ha estado vestida de Fiscal General?
Más clara no puede estar el agua. Las razones para destituirla se vuelven cada vez más contundentes, aunque una ley ordinaria pretenda limitar la potestad presidencial de hacerlo. El argumento dicho por muchos de los defensores de Consuelo Porras y de las redes que la apoyan es que el artículo de la Ley del Ministerio Público que ahora se pretende reformar fue producto de una acción política dirigida a proteger a una persona en particular, a doña Thelma Aldana cuando era la Fiscal General. Esa afirmación no carece de verdad. Sin duda, dicha acción fue un error, a pesar de los argumentos que procuran justificarla. De igual manera, no dejan de tener razón quienes señalan las muy probables motivaciones políticas de doña Thelma Aldana, quien inmediatamente después de dejar el cargo intentó competir para ser Presidenta del país.
Pero esos enfoques esconden un propósito, evitar la destitución de la actual Fiscal General. Son formas vergonzantes de apoyarla. Les da vergüenza hacerlo explícitamente y disfrazan su intención con dichos argumentos.
La verdad es que mientras esté Consuelo Porras en el cargo de Fiscal, el Presidente de la República estará permanentemente en la cuerda floja. Una cuerda que ella teje y que la Corte de Constitucionalidad puede moverla para lograr el propósito golpista caracterizado por la literatura política contemporánea como golpe blando o lawfare.
Y, como he dicho en anteriores columnas, la Fiscal General aunque es sólo la parte visible del iceberg golpista, debe ser destituida, como el primer paso para comenzar a despedazar este témpano.
La pelota está en las manos del Poder Legislativo. Sin duda que puede y debe mejorarse la “operación política” dirigida a los diputados. Hay que intensificar el cabildeo de la Presidencia para que se apruebe la reforma planteada, respetando la independencia de poderes. Pero la presión de la movilización social es el factor determinante.
