La política de Estados Unidos hacia nuestra región, particularmente respecto a Guatemala, tiene impactos de relevancia fundamental, en todos los ámbitos.
Muchos dicen que los intereses de ese poder hegemónico hacen que los cambios en su política exterior con relación a nuestro país que sean producto de nuevos inquilinos en la Casa Blanca no sean sustanciales. Máxime que, por nuestra ubicación geográfica, resultaría claro que la agenda norteamericana es, básicamente, alrededor de su seguridad. Por ello, es relativamente fácil definir que su agenda gira alrededor de dos grandes temas: el narcotráfico y la migración. Estamos en su agenda de seguridad. Además, la situación bélica que se vive a nivel mundial fortalece esta consideración.
Por eso, un gobierno en Guatemala que esté en manos de redes político criminales no es funcional para ellos, ya que esos dos temas, que tienden a relacionarse (el narcotráfico se diversifica hacia otras actividades criminales, entre ellas el tráfico de migrantes), no pueden ser enfrentados por un gobierno así.
Pese a lo anterior, la diferencia entre los demócratas y los republicanos en Washington impactaría en nuestra realidad política nacional. El posible cambio de los demócratas a los republicanos significaría, a mi juicio, al menos dos cosas. En primer lugar, el tema de los migrantes sería el interés fundamental de la administración de Trump, pero en términos de impulsar medidas represivas para contenerlos. El planteamiento de abordar las raíces de la migración forzada no prevalecerá. El segundo tema es el apoyo de Estados Unidos a la democracia, la cual es posible, en las actuales condiciones, sólo apoyando a Bernardo Arévalo. Y en este tema, al díscolo Trump lo que le interesa es un gobierno subordinado a su política represiva ante la migración. Si es corrupto y/o autoritario, no es relevante.
Hay que tener presente lo sucedido cuando fue el cambio anterior de los demócratas a los republicanos, con Trump. La Alianza para la Prosperidad para enfrentar las raíces de la migración no deseada se abandonó de inmediato. El soporte a la lucha contra la corrupción y la impunidad que significaba la permanencia de la CICIG también se abortó.
Las derechas empresariales más reaccionarias en Guatemala, junto a las redes político criminales, tienen sus esperanzas puestas en que suceda lo anteriormente referido, que Trump llegue a la Casa Blanca y que ¡cese el “intervencionismo gringo”!
De todo lo anteriormente dicho, me permito sacar tres conclusiones.
Primero, que nuestra Embajada en Washington tendrá el inmenso reto de asumir esa posibilidad y de impulsar una diplomacia en tal sentido, a partir de que muy probablemente la persistencia de un régimen democrático en Guatemala y la lucha contra la corrupción y la impunidad podrían no ser temas de interés real para los Estados Unidos con Trump de Presidente.
Segundo, que es urgente consolidar los apoyos del actual gobierno estadounidense que se otorgan a Guatemala para enfrentar las raíces de la migración. Pero concebidos con el propósito de fortalecer las políticas públicas, los programas y los proyectos que aportan a que los territorios expulsores de su población, que son básicamente rurales, superen tal condición. En tal sentido, el gobierno debe trascender la lógica del proyectismo. La clave es incorporar los recursos que se obtengan a una política de desarrollo rural territorial integral.
Y tercero, derivado de lo anterior, es atreverse a recuperar esa visión de desarrollo rural que viene de los Acuerdos de Paz, expresada en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, debidamente adaptada a la realidad actual.
