Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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La semana pasada, en esta misma columna, planteaba el “dilema” del Presidente, al tener que respetar la legalidad ilegítima que se expresa en la institucionalidad estatal cooptada por redes político criminales. La vocación demócrata del Presidente Arévalo lo lleva a tal situación, ya que el carácter republicano de un Estado democrático implica, necesariamente, la división de poderes y, por consiguiente, está obligado a respetar las decisiones de los otros poderes estatales.

Decía también que dicha situación era difícil de asimilar por un pueblo que luchó en las calles para que el golpe de Estado que dicha institucionalidad ilegítima pretendía dar no se consumara y que Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión de su cargo.

En ese marco de controversial subordinación a la legalidad ilegítima, irrumpe otra manifestación que pone sobre el tapete esta misma contradicción. Me refiero a la elección de los Gobernadores Departamentales.

El procedimiento legal indica que la parte de la sociedad civil que participa en los Codedes debe hacer llegar al Presidente una terna de candidatos a Gobernadores de sus respectivos departamentos, entre los cuales él escogería a quien nombrar.

Lamentablemente, las ternas que recibirá el Presidente Arévalo, en la mayoría de los casos, serán producto de las tradicionales prácticas perversas que han caracterizado estas decisiones al interior de la mayoría de los Codedes. La trágica realidad es que la sociedad civil que participa en ellos también ha sufrido, igual que la mayor parte de la institucionalidad estatal, de un proceso sostenido de cooptación, por parte de las redes político criminales y del narcotráfico que subyace.

Entonces, en ese contexto, el Presidente nuevamente enfrenta, a mi juicio, el mismo dilema que ha tenido sobre el respeto a una legalidad que carece de legitimidad.

Demócrata, como sin duda es Bernardo Arévalo, hará todo su esfuerzo por revertir, dentro de la legalidad, las decisiones que hayan tomado algunos Codedes respecto a las ternas que propongan para gobernadores.

Sin embargo, ya es hora de que tanto el Presidente, como todos los actores sociales y políticos nacionales, a todos los niveles, que no están bajo el dominio de la cooptación de las redes política criminales, asuman una estrategia política coincidente para evitar que se consume la decisión de tener que elegir entre esas ternas producto de las decisiones malignas de aquellos Codedes que actúan obedeciendo a la cooptación que los subordina.

Desde los territorios, los actores sociales que no están entre los cooptados viven la frustración de ver la manipulación que hacen los Codedes que sí lo están. Ellos saben que las ternas, en su mayoría, no son la idóneas.

Arévalo entiende muy bien que su pretendida estrategia de gobernar desde los territorios resulta difícil de implementar si los Gobernadores no están en sintonía con él.

¡Las ternas para Gobernadores que sean producto de esa legalidad ilegítima no deben ser aceptadas¡

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