Cuando vivíamos la incertidumbre sobre el desenlace de la crisis política causada por el intento de “golpe de Estado en cámara lenta”, como acertadamente lo llamó Bernardo Arévalo, pensábamos en que, si se lograba que prevaleciera la democracia y se efectuara la transmisión del mando, la cooptación de la institucionalidad era tan profunda y generalizada, que el nuevo gobierno tendría que “nadar contra la corriente”. La representación oficial en el nuevo Congreso es pequeña, con un partido político suspendido y teniendo como antecedente una legislatura (la novena) completamente cooptada. La composición partidaria de la décima legislatura no modificaba sustancialmente la presencia partidaria existente en la anterior.
Con relación al poder judicial, la situación era similar. Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad, sufrían la misma cooptación. No digamos el arma artera del movimiento golpista, el Ministerio Público.
Similar condición de cooptación se le señalaba a la Contraloría y a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Hasta la USAC entraba en ese sistema de cooptación institucional por parte de las redes político criminales.
El reto que significaba defender la democracia y el correspondiente carácter republicano del Estado, implicaba no sólo garantizar que se cumpliera la voluntad ciudadana expresada en las urnas para que se produjera la alternancia en el poder, piedra angular de la democracia representativa, sino que prever cómo podría iniciarse el proceso de recuperación de la institucionalidad cooptada.
Pero lo que pasó en la realidad fue sorprendente. Como castillo de naipes se ha empezado a desboronar esa cooptación.
El Congreso de la República está en franco proceso de avanzar en tal dirección. La alianza legislativa que se logró construir ha sido un golpe casi mortal (en política “nadie está completamente vivo, ni absolutamente muerto”) para el poder que ostentaban las redes político criminales. Y claro que la construcción de esa alianza significó negociaciones, pero en torno a una agenda legislativa. Se avanza así en la recuperación de la legitimidad de las negociaciones en la política.
En las cortes, también se perciben ya los aires, aún moderados, de empezar a distanciarse de las redes político criminales. Hay resoluciones judiciales que así lo demuestran. Pero esta voluntad de jueces y magistrados aún es incipiente.
Veremos cómo será la conducta de la Contraloría y del PDH.
Me parece que a la USAC llegarán vientos fuertes que empezarán a empujar al naufragio a los cooptados.
Y todo eso ha sucedido en pocos días. El camino recorrido sorprende, dada la vertiginosidad con la que se ha avanzado.
Una piedra angular que definiría un parte de aguas en el hundimiento de las mafias político criminales y que abriría camino al logro, racionalmente rápido, de avanzar en la recuperación de la institucionalidad cooptada, será la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público. Hoy es un día importante para considerar la rapidez o gradualidad de tal propósito. La indignación ciudadana no se apaciguará hasta lograrlo.
En medio de todos los hechos acá referidos, lo que pretendo resaltar es la inesperada rapidez con la cual se está iniciado la “des cooptación” de la institucionalidad. Esperemos que así siga, pero no se puede subestimar la fuerza que aún tienen las redes político criminales, a pesar de su obvio y afortunado debilitamiento.
