El Ministerio Público se ha convertido en un enemigo de la democracia. Está empecinado en intentar destruirla. Pero no es solo el MP, también están los juzgadores que le hacen el juego a esta pretensión.
La frase “las elecciones se definen en las urnas y no en las cortes” está ya tan trillada como cierta es. La democracia liberal y el carácter republicano de nuestro Estado están siendo erosionados con la conducta de las instancias referidas.
Primero, porque para que exista la democracia liberal, representativa, debe haber elecciones libres que permitan la expresión de la voluntad mayoritaria en la definición de la alternancia en el poder. Lo segundo, porque el carácter republicano de un estado democrático requiere de la división y balance de poderes efectivamente autónomos.
Y lo que hace el MP es un descarado y grosero papel de verdugo de la democracia y demoledor de la república. Arremete contra la voluntad popular expresada con absoluta contundencia en las pasadas elecciones del 20 de agosto y se convierte en un poder que anula las competencias constitucionales que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Además, como si esto fuera poco, ha pretendido criminalizar la oposición ciudadana que rechaza su nefasta conducta.
La ciudadanía, comenzando por sus liderazgos sociales, debemos pedir la renuncia de la Fiscal General y el despido del Jefe de la FECI. La argumentación para ello es la anteriormente referida. No son análisis leguleyos sobre aspectos específicos de su proceder los principales. Es la apreciación de la integralidad de su proceder, cuyos propósitos han sido grotescamente explícitos: pretenden destruir la democracia representativa y el carácter republicano del Estado guatemalteco.
Las razones de esta conducta son también conocidas. El MP tuvo el respaldo de lo que he denominado la “convergencia perversa” que por un buen tiempo estuvo cohesionada bajo el liderazgo autoritario del presidente Giammattei. Fue la punta de lanza para garantizar la continuidad de la cooptación de la institucionalidad estatal que dicha convergencia había logrado con el fin de mantener la impunidad y posibilitar la persistencia de la corrupción. Pero esa macabra convergencia se desgrana. Consuelo Porras y Rafael Curruchiche son la proa de un barco que naufraga y su Capitán, el presidente Giammattei, aún los mantiene en esa suicida posición. Porras y Curruchiche saben que resistir es su única opción, esperanzados en que las redes político criminales mantengan el poder suficiente para que no se ahoguen en el naufragio.
A nivel internacional, la situación está clara. Los principales liderazgos de la región, de diversas ideologías, rechazan los intentos de estos funestos actores. Estados Unidos y la OEA entre ellos. Desde Europa también se manifiestan las mismas posiciones.
Y a nivel interno el repudio social ya es masivo y aumenta cada día más.
Lamentablemente, las élites empresariales, que recientemente se distanciaron de las redes político criminales con quienes estaban en calidad de aliados/rehenes, no se atreven a defender la democracia y la república definiéndose en esta coyuntura. La renuncia de Porras y Curruchiche son indispensables y ellos no osan pedirla. Tienen la “cola machucada”. Recordemos que en abril del 2021 el CACIF y la Cámara de Industria le hicieron un reconocimiento público a Consuelo Porras, como un gesto de apoyo y legitimación de su gestión, toda vez que en ese momento ellos se beneficiaban de la instrumentalización del MP para mantener la impunidad y del rol que a ella le había asignado la “convergencia perversa” de la cual las élites empresariales eran parte. ¡Qué se atrevan a definirse!
¡La renuncia de estos personajes debe ser una consigna nacional!
