Recientemente se produjo un ilustrativo “diálogo público” entre Ben Sywulka y Juan Alfonso Solares. Dada su relevancia, me atrevo a opinar al respecto. Empiezo por reconocer la transparencia de los argumentos y las buenas intenciones que en los dialogantes se percibe. El tema de fondo, trascendental para el país, es el intríngulis en el cual se encuentran las élites empresariales ante la coyuntura electoral donde tienen que decidir quién les conviene que triunfe, si la UNE o Semilla y lo que sus candidatos representan.
El punto central es aclarar qué es los que se define en estas elecciones. ¿Se pueden plantear las opciones que compiten en términos de corrupción/impunidad versus el combate a ese dramático fenómeno? Por simplista que sea esta dualidad, ella no es poca cosa. Efectivamente, Sandra Torres, a estas alturas de su vida política, representa la continuidad del control que tienen las redes político criminales sobre la institucionalidad estatal, con el fin de mantener la corrupción y la impunidad.
Pero dicho análisis es insuficiente para entender la angustia de los empresarios. Su alianza implícita y a veces explícita con esas pérfidas redes los ha llevado a esta situación. Yo nunca he utilizado la frase “pacto de corruptos” al referirme a ella, porque pienso que no son lo mismo las élites empresariales que participan en esa alianza que los mafiosos de las redes político criminales. Por eso siempre he preferido referirme a ese fenómeno como la “convergencia perversa”, que se construyó a partir de que hubo una coincidencia de intereses entre las redes político criminales y las élites empresariales, que llevó a éstas a convertirse en aliados/rehenes de las primeras.
Ese contexto se produjo, en gran medida, a partir de los méritos que tuvo la CICIG durante la gestión de Don Iván Velásquez, los cuales se vieron opacados por los señalamientos relacionados con el sesgo político de las acciones judiciales que se impulsaron. Se les vinculó al “derecho penal” del enemigo. Era difícil imaginar resoluciones judiciales contrarias a lo planteado por el Ministerio Público y al discurso de las élites onegenistas de los derechos humanos. Este argumento, por manipulado que sea, se fortaleció cuando la entonces Fiscal General lanza, de inmediato al final de su gestión, su candidatura a la Presidencia de la República, opción que gozó del “beneplácito” de los gringos demócratas y de los altivos europeos.
Pero, además de esta coincidencia oportunista y perversa de las élites empresariales con las redes político criminales para deshacerse de la CICIG, aquéllas también se incomodaron por otras dos razones: los políticos ya no respondían a sus “orientaciones”; les salió “la criada respondona”, ya que la corrupción les permitió la acumulación de capital vías negocios fraudulentos con el Estado que los “independizó” de sus anteriores padrinos. Y la otra razón fue que la justicia, a diferentes niveles, empezó a dictar resoluciones que contradecían el modelo económico hegemónico, particularmente en lo relacionado con el extractivismo y las reivindicaciones de los pueblos indígenas.
Ante la grotesca cooptación del estado por parte de esa convergencia perversa el pueblo respondió con una rebelión ciudadana, expresada electoralmente. La democracia representativa se reivindicó con el voto antisistema que se manifestó el 25 de junio, Y quien capitalizó esta rebelión fue el Movimiento Semilla.
Sandra Torres con la “versatilidad” política que ha alcanzado, pretende adaptarse a esta situación y ser la garante de la continuidad del control de la institucionalidad estatal por parte de las redes político criminales, asumiendo, además, ese discurso simplista y maniqueo, pero efectivo en nuestra realidad, del conservadurismo religioso. ¡Como que el aborto o el matrimonio igualitario sean, actualmente, temas relevantes en nuestra sociedad!
Semilla representa en esta coyuntura la opción contraria a la continuidad absoluta de las redes político criminales en el poder, ya sin los aliados/rehenes que tuvieron durante las gestiones de Jimmy Morales y Giammattei. Las élites empresariales ya no quieren seguir en esa alianza perversa, no les conviene cuando se ven en el espejo de Nicaragua, pero se atemorizan ante la posibilidad que el péndulo político se mueva de nuevo hacia el extremo de los tiempos de la CICIG. Pero no es sólo eso. Como diáfanamente se expresa en el “diálogo público” que acá comento, los acecha la incertidumbre sobre la orientación política de un gobierno “progresista” en relación a sus intereses económicos.
¡Vaya intríngulis que viven las élites empresariales!
