Finalizada da la Semana Santa, entraremos de lleno a la campaña electoral de cara a las elecciones generales a realizarse el próximo 25 de junio. La democracia liberal que supuestamente existe en Guatemala requiere la realización de elecciones. Ellas de ninguna manera agotan el contenido de una democracia, pero son un elemento sustancial.
Terminó la primera parte del proceso, cuyo contenido esencial fue la inscripción de los candidatos que participarían. Lamentablemente, transcurrida la misma, los daños que las autoridades electorales, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y algunas autoridades jurisdiccionales ocasionaron al proceso lo ponen en una situación de ilegitimidad.
Superar esta condición será difícil y queda únicamente la alternativa del control de daños. No queda otra opción para rescatar la democracia que, con todo y sus inmensas limitaciones, debemos valorar. Ella constó mucha lucha, sufrimiento y sangre. Terminar con el régimen totalitario que impuso la contrainsurgencia, lograr una transición hacia la democracia que se inició con el gobierno demócrata cristiano presidido por Vinicio Cerezo en 1986 y se fortaleció diez años después con la firma de la paz, no es algo que se pueda tirar a la basura.
En este contexto, resulta muy pertinente y acertada la declaración emitida esta semana por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT). Esta instancia está conformada por actores sociales reconocidos, siete en total, y expresan, en su conjunto, una pluralidad de visiones.
La MOE-GT dijo, categóricamente, que “rechaza la insistencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro de Ciudadanos en aplicar criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas”. Aportó, con inobjetables evidencias, los datos que demuestran tal conducta arbitraria, contrastando decisiones contradictorias tomadas para excluir a unos e incluir a otros candidatos, a todos los niveles, el Ejecutivo, el Legislativo y los alcaldes. Señaló actos de la Contraloría General de Cuentas y las autoridades judiciales que podrían haber sido motivadas por “intenciones frívolas para truncar y limitar la competencia electoral”, extremo que no fue analizado por el TSE.
Me parece que la parte medular de la declaración acá comentada es la afirmación que hace en cuanto a la falta del análisis anteriormente referido y los criterios incoherentes que se manifestaron en las decisiones del TSE. Literalmente, la MOE-GT dijo “La ausencia de dicho análisis y el uso de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes aumentan el escepticismo hacia el proceso electoral y pone en duda la independencia y ecuanimidad del TSE para llevar a cabo un proceso legal y legítimo”.
Entonces, la pregunta obligada es ¿qué significado tiene el proceso electoral en marcha cuando las autoridades estatales ya mencionadas y, particularmente el ente encargado de organizar y ejecutar el proceso electoral, el TSE, lo ha deslegitimado?
La MOE-GT ha pedido al TSE “revisar y analizar las decisiones del Registro de Ciudadanos y las propias, para cumplir adecuadamente con la responsabilidad constitucional que le corresponde, de asegurar la idoneidad de los candidatos y el libre ejercicio del derecho de ser electo de quienes han sido o son víctimas de señalamientos espurios que buscan manipular la competencia electoral”.
Es difícil pensar que el TSE actuará en correspondencia con lo que le solicitan. Es más, es posible que vaya aún más allá en lo que le señalan. Podría, por ejemplo, cometer otro acto similar a los que le critican, excluyendo a Emond Mulet.
Mientras tanto, como votantes, lo que queda es votar, a pesar de que nuestro derecho a elegir ha sido atropellado por el TSE.
