Por: Adrián Zapata
La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su resolución A/RES/47/196 del 22 de diciembre de 1992. El propósito de la ONU fue hacer conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países.
Para definir la condición de pobreza existen diferentes metodologías, desde la tradicional, medida en función del ingreso diario (dos dólares o menos para la pobreza y un dólar o menos para la pobreza extrema), hasta criterios más complejos y con mayor reflejo de la realidad, donde se califica de acuerdo a las carencias sociales que se padezcan, medidas en los indicadores que expresen rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, además de ingresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias. Esa medición da un índice de privación social que es más pertinente para reflejar la realidad prevaleciente en quienes padecen de pobreza y pobreza extrema.
En Guatemala (2014), el índice de pobreza general es del 59.3%, 42.1% en el área urbana y 76.1% en la rural. La pobreza extrema es 23.4% a nivel nacional; 11.2% en las áreas urbanas y 35.3% en los territorios rurales. Aunque en general son graves esos indicadores, los de la pobreza rural son dramáticos. Alcanzan a ser casi el doble que la urbana en la general y más del triple en la pobreza extrema. Pero, además, la curva a través de los últimos años es de sostenido aumento. Por ejemplo, en el 2006 los pobres eran el 51.2%, es decir 8% menos que en el 2014.
La situación descrita es coherente con la medición de los indicadores de “cumplimiento” de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con meta para el 2015, los cuales arrojaron el dato del 63% incumplidos, principalmente los relacionados con el área rural y la población indígena.
En términos de la desnutrición crónica infantil, Guatemala tiene el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo, con un 49.8% de niños en tal condición.
En contraposición, en Latinoamérica la tendencia de la pobreza del 2002 al 2014 fue al descenso. La rural bajó del 64.1% al 46.7% y la urbana del 40.5% al 24.3%. O sea que íbamos contra corriente.
A nivel mundial, en el marco de las Naciones Unidas, ahora están vigentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se buscan cumplir en el 2030. El primero de ellos es “Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo”. Se persigue erradicar la pobreza extrema y reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones.
Guatemala no tiene ninguna posibilidad de cumplir con ese ODS. Hay condiciones estructurales que no lo permiten y otras menos profundas, pero sustancialmente impactantes, que lo evitan, tal el caso de la alta corrupción prevaleciente. Sin embargo, es importante señalar que la pobreza no es culpa de ella. Sin duda impacta en las capacidades del Estado de impulsar políticas públicas que la reduzcan, pero subyace la incapacidad fiscal existente y las condiciones estructurales mencionadas, que se refieren a un modelo económico altamente concentrador y excluyente.
Así que el horizonte es oscuro para los pobres en Guatemala, para los actuales y para aquellos que se incorporarán a esta categoría en los próximos años.
Pero todo pasa por la política. Sólo un Estado fortalecido tendrá la capacidad de abordar esta problemática con posibilidades de éxito. Pero esto requiere de un gobierno de orientación popular (que no es lo mismo que populista, como suelen llamar las derechas a los gobiernos de izquierda), opción que lamentablemente aún no aparece en el horizonte.
