Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

La designación de la continuidad de la Fiscal General obviamente debe analizarse en un marco más general y estratégico. Es una decisión de “la convergencia perversa” (muchos le denominan “el pacto de corruptos”). Decidieron jugarse el todo por el todo.

El nombre que le asigno a este conglomerado de actores que han logrado cooptar la institucionalidad estatal es porque no todos pueden ser calificados como “delincuentes”, en sentido estricto. Allí convergen muchos de las élites empresariales tradicionales con las mafias político criminales (políticos que acumulan su capital a partir de la relación corrupta con el Estado) y el narcotráfico.

La razón de esta convergencia es que dichas élites oligárquicas históricamente habían tenido el control del Estado, pero lo perdieron parcialmente a partir de dos factores. El primero es la afectación que sufrieron por las investigaciones sobre la corrupción. El segundo son las resoluciones judiciales que afectaron sus visiones e intereses. Me refiero a las relacionadas con: las luchas agrarias, las impulsadas contra las actividades extractivas y la reivindicación de los derechos indígenas, particularmente los relativos a un incipiente pluralismo jurídico.

Toda esa “convergencia perversa” ha apostado por la continuidad de doña Consuelo Porras. Las razones de esta decisión, que sin duda habrá tenido alguna controversia, tienen un propósito específico: garantizar la impunidad por los actos ilegales cometidos. Habrá múltiples “colas machucadas” entre ellos y por eso les es más seguro que quien legalmente debería encargarse de investigarlas, tenga a su vez la misma cola larga de compromisos adquiridos. Todos están amarrados por la complicidad. No tenían por qué arriesgarse a poner allí otro alfil (que lo había). La experiencia de Thelma Aldana la tienen presente, ya que de ser señalada públicamente por la CICIG pasó a ser su principal colaboradora.

La continuidad de la Fiscal General es la decisión de quemar naves, de enfrentar los riesgos que eventualmente podrían venir de una irrupción de indignación ciudadana ante la grosería de sus acciones. De que esa indignación pueda coincidir con la desesperación de las masas populares, especialmente ante la perspectiva inmediata de crisis alimentaria y alza disparada del costo de la vida. Decidieron también enfrentar las presiones del poder hegemónico, los Estados Unidos.

Quemar naves cuando esos aspectos amenazan con alinearse en una “tormenta perfecta” es una osadía, aunque se entiende que no tenían alternativa y que tienen el poder para hacerlo.

La respuesta inmediata de los Estados Unidos fue el retiro de la visa a la susodicha y su esposo, así como la amenaza que continuarán las designaciones de corruptos, lo cual estará creando angustia en las élites empresariales que participan en esa convergencia perversa. Ellos sí pueden ser presionados por el poder imperial. Los mafiosos y el narco escapan de esta vulnerabilidad.

Nosotros, los guatemaltecos, no podemos convertirnos en “rezadores” del santo Tío Sam para que detenga y revierta esa cooptación del Estado. Tenemos que construir una “convergencia virtuosa” para enfrentarnos a los perversos. Las élites empresariales podrían aun estar a tiempo de cambiar de bando. Pero el actor fundamental de esta reversión es el despertar de la movilización social, producto de la coincidencia entre la indignación ciudadana ante la corrupción y la impunidad y la desesperación de los sectores populares del campo y las ciudades, debido al incremento de su pobreza y exclusión.

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