Por: Adrián Zapata
En el año 2015 se creó la ilusión de “la plaza”. Muchos fueron los entusiastas que veneraron la expresión de protesta que colmó la plaza en la ciudad capital y de varias cabeceras departamentales. El binomio presidencial debió renunciar y triunfó la indignación de la ciudadanía. La severa crisis política se resolvió institucionalmente con el triunfo electoral de un cómico de pacotilla, que contó con el apoyo decidido del sector empresarial, al punto que varios de ellos han tenido que enfrentar diligencias judiciales por el delito de financiamiento electoral que no fue declarado. Ese gobierno ha pasado a la historia como el responsable de detener la lucha contra la corrupción y la impunidad que impulsó la CICIG, para lo cual se concertaron los empresarios y las redes político criminales (como las denominó dicha Comisión).
Ahora estamos en una nueva crisis política, que comenzó con el descontento de la ciudadanía por la incapacidad gubernamental de manejar la pandemia y la corrupción que al respecto se señala.
En ese contexto, la decisión de la Fiscal General Consuelo Porras de despedir a Francisco Sandoval ha sido una provocación a la inconformidad social prevaleciente. La racionalidad de este acto sólo puede explicarse como parte del cierre del anillo institucional que permite a las mafias político criminales consolidar la cooptación del Estado y de la cercanía que dicho honorable y comprometido Fiscal tenía con investigaciones que posiblemente evidenciarían responsabilidades de corrupción por parte de altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al Presidente Giammattei.
Ese descarado acto de la Fiscal General parece tener toda la potencialidad de incendiar el campo. Son las autoridades ancestrales de diversos pueblos indígenas los que han asumido el liderazgo de la indignación ciudadana. Y este escenario es sustancialmente diferente al existente en el año 2015. No son los clasemedieros urbanos, con el respaldo explícito del gobierno de los Estados Unidos, quienes inician la movilización. Ya no son “fiestas cívicas” donde ellos acuden alegremente a protestar.
El llamado al “paro nacional” proviene de estos actores que irrumpen así con un liderazgo nacional nunca antes visto. Las autoridades ancestrales no pueden ser señaladas con el sambenito de los comunistas que vienen de la guerra. Pero, además, sus planteamientos van mucho más allá del tema de la corrupción y la impunidad. Es el hartazgo ante la pobreza, la exclusión, la desigualdad y el racismo, lo que ellos expresan. La corrupción y la impunidad que promueven las redes político criminales a las cuales es funcional la Fiscal General son las chispas que están haciendo que el campo se incendie. Pero la aspiración también es construir un país incluyente, un Estado plurinacional que refleje la realidad social del país y una política de desarrollo que sea coherente con el “buen vivir” que los indígenas latinoamericanos claman.
La Fiscal debe renunciar a la brevedad posible, pero creo que ya es tarde para que se constituya en el fusible que se queme para salvar el sistema de corrupción e impunidad. Leí un twitter muy ingenioso que decía “el desconsuelo viene de arriba”. Y así es. Giammattei y sus sumisos ministros deben renunciar.
La comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos, debe respetar y reconocer esta lucha. Nuestra aspiración va mucho más allá de los intereses de seguridad nacional que impulsa la afortunada posición del gobierno norteamericano en esta coyuntura.
