Desde la década del 40 del siglo pasado, la sociedad guatemalteca está intentando construir un Estado capaz de atender sus promesas constitucionales e instalar capacidades ciudadanas que le den continuidad a los procesos democráticos. Coincidentemente con un Presidente cuyo hijo encabeza la simpatía popular por su planteamiento de cambio. Un intento legítimo.
Durante estas más de ocho décadas de sacrificios humanos, intelectuales y financieros nacionales e internacionales por hacer una sociedad democrática y desarrollada hemos conocido de fracaso tras fracasado.
Debemos reconocer que algunos gobiernos en algunos momentos y con algunas iniciativas han creado expectativas positivas con acciones gubernamentales, políticas públicas e inversiones estatales hacia el desarrollo, pero han mentido y engañado en la ejecución posterior.
Durante este tiempo hemos vivido 36 años de guerra con más de 200 mil muertos, miles de desaparecidos, cientos de comunidades arrasadas, miles de familias desarraigadas, perseguidas y refugiadas en los países vecinos, especialmente México, pero también en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Millones de personas afectadas en sus hogares, trabajos, estudios y empresas. El dolor ha sido inmenso.
La herencia ha sido la creación y el mantenimiento de un espíritu de guerra psicológica permanente contra la diversidad, contra el cambio, contra los liderazgos críticos y lúcidos, contra el desarrollo y la paz. Ha sido una herencia de corrupción, impunidad y transa nacida desde la misma colonia y ejecutada magistralmente con el acto de independencia, “convenciendo” al representante del rey y haciéndolo jefe de Gobierno. Gabino Gaínza venía de Chile donde había llegado de España a sofocar el movimiento independentista.
En 1985 llegó la democracia de la mano de la nueva y última Constitución de la República de Guatemala. La misma Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Electoral y de Partidos Políticos creando de esa manera un sistema electoral con rango constitucional y un Tribunal Supremo Electoral.
Una Constitución que no se ha cumplido. El mandato constitucional de darle a todos un tratamiento igualitario no se ha cumplido, de dar educación a todos tampoco. La garantía de salud pública, justicia pronta y cumplida, oportunidades de empleo, de empresarialidad desde lo rural o de los municipios del país, de garantía de propiedad de la tierra de las comunidades rurales e indígenas, de vida, de seguridad alimentaria, de trabajar sosteniblemente la tierra, de acceso al agua, etc. etc. no se ha cumplido.
Más de un centenar de leyes que debieron elaborarse y aprobarse por mandato constitucional se tienen pendientes. Incluyendo una ley en materia de pueblos indígenas.
Además, la Ley Electoral y de Partidos Políticos fracasó al no lograr que la sociedad guatemalteca se organizara políticamente en partidos políticos. Hasta el día de hoy tenemos aparatos electorales coyunturales. Como dijo Edelberto Torres – Rivas “… Guatemala es el cementerio más grande de partidos políticos”. El ejemplo más potente es la muerte de tantos “partidos políticos exprés” nacidos como parte de una estrategia perversa de control político de continuidades de sistemas de impunidad y control total a partir de la corrupción. Se privatizó la democracia.
Luego vinieron las negociaciones y finalmente en 1996 se firma “la paz firme y duradera”.
Se silenciaron las armas de la guerra civil y se activaron las armas de la nueva delincuencia. En muchos casos el mismo armamento. Las mismas estrategias y quizá las mismas personas. Los mandatos de los Acuerdos de Paz han sido los documentos más discutidos, más consultados y más inversión tuvo en la calidad de su contenido. Sin embargo, los avances se han ido borrando y eliminando de las acciones gubernamentales. De hecho, el último presidente dijo pública y descaradamente que no los reconocía y no los iba a cumplir (palabras más, palabras menos). La coalición gubernamental y empresarial armonizaron en su desconocimiento, instruyeron a sus partidos en el Congreso para ello y el país inició el retroceso más grave de su historia moderna.
El país se ha vuelto el laboratorio más grande de América Latina de diálogos políticos. En las últimas dos décadas se han convocado a varios de ellos. Todos quizá con buenas intenciones. Todos con resultados y conclusiones muy valiosas. Con honestas participaciones multisectoriales que se proponían delinear rumbos hacia el desarrollo y la paz. De nuevo los hilos de la perversidad los hicieron fracasar. Indispensable y pendiente la realización de estudios más detallados de estos diálogos para identificar algunas posibles recomendaciones ejecutadas. Pero en general, otro fracaso al “basurero de la historia”.
Las elecciones generales 2023 han abierto la caja de Pandora. Han destapado una cloaca de intenciones perversas. Acciones violatorias de la Constitución de la República, ofensivas a los intereses nacionales y de destrucción del poco Estado de Derecho que se ha venido construyendo desde 1985.
¿Hasta aquí llegamos?
¿En dónde estamos?
La declaración que venimos escuchando de que “estamos en una época de transición”, ¿ha terminado? ¿qué viene?
Es el momento en que se recuerda y cobra sentido el mensaje “solo el pueblo salva al pueblo”.
Ante esta crisis crónica e histórica la respuesta será ciudadana y vendrá con el respaldo de los que han silenciado, de los que no les han permitido ser ciudadanos plenos, los marginalizados, excluidos, explotados y discriminados.
¿Para cuándo?
Todo está por verse en este inicio de un nuevo ciclo político en Guatemala.
Cobán, Alta Verapaz. Guatemala.
11 Tzikin.
