Álvaro Pop
En esta época de compromisos político-electorales, es lamentable el vacío de contenidos con reconocimiento de la realidad nacional vinculada a los pueblos indígenas.
Los informes de organismos nacionales e internacionales reconocen que la deuda histórica que tiene el Estado con la sociedad es con los pueblos indígenas.
La desnutrición crónica, la pobreza extrema, la migración son fenómenos que se viven en los pueblos indígenas con indicadores superiores al del resto de la población.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión consecuencia del racismo y la discriminación estructural. Si bien se han dado iniciativas estatales para atender a la situación de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, éstas se han presentado de modo desintegrado y sin ser concertadas con los pueblos indígenas”. Y continúa en su Informe sobre Guatemala: “La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las condiciones de pobreza en que se encuentra la población indígena. Esta exclusión se observa en todas las esferas, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisiones y representación en medios de comunicación y en el debate público. La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos”.
Con el propósito de aportar a la voluntad de concretar acciones de política pública que se reflejen en el presupuesto nacional me permito seguir compartiendo las siguientes recomendaciones que se suman a los dos artículos anteriores.
La reforma de Estado con enfoque al desarrollo y en cumplimiento de los compromisos internacionales. Especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con tal propósito se deberán desarrollar coordinaciones legislativas con lo ejecutivo para la reforma del servicio civil, la Política de Desarrollo Rural, la Política pública sobre el Agua y la Política Pública para la Seguridad Alimentaria y Nutricional priorizando con precisión a los pueblos indígenas a través del cumplimiento de la Ley de Idiomas Nacionales. La política pública para pueblos indígenas es un compromiso urgente que este gobierno ha rechazado y despreciado. El diálogo sobre su contenido y la realización de consultas previas de manera seria y responsable deberán de priorizarse.
Desarrollo de la institucionalidad responsable del seguimiento de los derechos de los pueblos indígenas de tal manera que puedan tener información estadística, manuales operativos para el cumplimiento de la consulta previa, coordinación planificada y presupuestada para con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para el cumplimiento de la Ley de idiomas nacionales y del Plan de Acción de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas. Las actuales ventanillas indígenas están creadas por buenas intenciones absolutamente insuficientes. Necesitan equipos responsables, especializados, con financiamiento, herramientas legales y técnicas que les permitan responder a las necesidades del resto del ejecutivo. Por ejemplo, deberán en enero 2024 poner en marcha el monitoreo del “clasificador temático de pueblos indígenas” en el presupuesto nacional y presentar un informe nacional; la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Republica deberá garantizar la producción de dicho informe y socialización.
La revisión y fortalecimiento de las dependencias con responsabilidad para atender los asuntos de pueblos indígenas en los ministerios de Salud, Educación, Agricultura y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN. Es especialmente grave y delincuencial la clausura de la Unidad de interculturalidad de la SESAN y el rechazo a la partición de las organizaciones de pueblos indígenas “por instrucciones del despacho superior” en la INCOPAS; esto a pesar de que la Política sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente hasta 2022 reconoce a los pueblos indígenas como “población vulnerable” y de atención prioritaria.
No está demás que hay que reiterar que estos aspectos son insumos para definir la agenda que los pueblos indígenas mismos deberán reconocer como buenos. Y esto implica siempre una consulta previa. Tampoco se deberá olvidar que de manera transversal se tiene que dar prioridad a escuchar las voces, tener plena participación y cumplimiento de todos los derechos de las mujeres indígenas y la juventud. Ningún compromiso es válido si solamente se presenta en los discursos. Se tiene que concretar en la institucionalidad y especialmente en el PRESUPUESTO nacional.
En las dos últimas Cumbres Climáticas, los líderes del mudo han reconocido que la respuesta más efectiva para la lucha contra el cambio climático va a llegar de la mano de los pueblos indígenas. En la COP26 en Glasgow, Reino Unido y en la COP27 en Egipto se reconoció la importancia de la vida de los pueblos indígenas vinculados a los territorios que mejor responden al combate al cambio climático por lo que la comunidad internacional se compromete con ellos. El Estado de Guatemala tiene una enorme oportunidad de aportar a este proceso cumpliendo con los derechos de los pueblos indígenas.
Cobán, Alta Verapaz y Guatemala.
