Álvaro Pop
Para las organizaciones indígenas que hacen una lucha y la diplomacia por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y el sistema de derechos humanos internacionales, es comprensible reconocer que México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú eran de los primeros en encabezar los procesos de lucha internacional por los derechos de los pueblos indígenas junto con una veintena de países europeos y del Pacifico en las dos últimas décadas del siglo pasado.
El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York lo demuestra.
Guatemala incluso reconociendo las falencias que se tenían dentro de la ejecución de las políticas públicas, la institucionalidad del Estado y las lógicas sociales históricas aun dentro de los avances que siempre hacen gala los funcionarios de turno que llegan a estas reuniones.
De manera proporcionalmente inversa decepciona, molesta e indigna el incumplimiento y la perversidad del manejo del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas al interior de los países. Además, las contradicciones entre el discurso y la realidad planteadas ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y en la presentación de los Informes Voluntarios del avance del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a mediados de año en NY en las reuniones ministeriales, demuestran la necesidad de avanzar más rápidamente en las inversiones y preocupaciones por el cumplimiento de estos derechos.
Estas contradicciones tienen que superarse.
No solo por la deuda histórica que se tienen con los pueblos indígenas en el cumplimiento de sus derechos mínimos, sino porque es necesario pensar con seriedad el bienestar social general en el futuro cercano, para lo cual internacionalmente en las cumbres ultimas ya se ha reconocido el aporte fundamental de los pueblos indígenas, tanto como para la evolución y cumplimiento de todas las metas de los diecisiete ODS desde su cosmovisión, relación de seres humanos con la naturaleza, manera de vivir y tratar los conflictos, como sus idiomas y cultura.
Especialmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible dos (2) vinculado al hambre.
Haciendo un enorme esfuerzo comunitario y superando los riesgos de los tiempos de pandemia, los pueblos indígenas de Guatemala (Antigua Guatemala, mayo 2022) han realizado su consulta, preparado, aprobado y presentado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la INCOPAS y a la comunidad internacional sus propuestas para la evolución de la política nacional de seguridad alimentaria.
Estas propuestas se refieren a:
El cumplimiento de sus derechos, especialmente el de la Consulta Previa, Libre de Informada en la ejecución de todas las acciones gubernamentales e internacionales susceptibles de afectarles.
La garantía constitucional de participación de los pueblos indígenas (especialmente mujeres y jóvenes del área rural) en la ejecución de la Política SAN, nombrados legítimamente por sus organizaciones, en las acciones establecidas otorgando aporte financiero y material para su involucramiento responsable, monitoreo y auditoria social / ciudadana.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado, coordinación interinstitucional con un enfoque y acciones interculturales que cumplan con los derechos de los pueblos indígenas. Desde el derecho a la comunicación en su propio idioma, el reconocimiento y respeto a los sistemas propios de producción, comercialización y consumo de alimentos, hasta la inversión en instancias de apoyo / protección para sus productos históricos, semillas, pleno empleo, seguridad social, tierra, agua y mercados.
“Garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y en esa calidad de titulares de derecho participen en los procesos de planificación y ejecución de acciones de soberanía alimentaria es determinante para el éxito de estos propósitos.”
