En esta opinión, Yo parto de un principio: Un gobierno que no puede asegurar (tener en sus manos los medios) de forma igualitaria y equitativa la seguridad de todos y la justicia no puede llamarse democrático ni cumplir con sus obligaciones de poner el acceso de los derechos humanos a disposición de todos o al menos la mayoría, pues no podrá distribuir ni riqueza ni servicios y recursos públicos de un modo equitativo así lo pregone a los cuatro puntos cardinales cuando la limitante para eso en gran parte es derivada de injusticias y abusos tolerados por el Estado que impide a toda costa una manifestación ética comunitaria del trabajo del Estado, en beneficio de privilegios.
Está bien que el gobierno denuncie las anomalías, faltas y todo tipo de corrupción que frena a muchos el beneficio de los derechos humanos, pero eso resulta insuficiente para cualquier cambio; mucho de esa denuncia no es más que un confirmar las denuncias que desde hace tiempo hizo la prensa y la sociedad civil y eso queda engavetado si no se procede no solo al desmantelamiento de estructuras tolerantes, sino al castigo respectivo y penas por fraudes cometidos. No podemos engañarnos: el Ejecutivo en estos momentos carece de apoyo correcto y necesario de autoridad judicial y aplicación ecuánime y competente de justicia. Me refiero a que cortes, tribunales, jueces actúan bajo intereses y no lo que manda la ley y la Constitución sino haciendo oídos sordos a lo que les corresponde hacer y retorciendo todo lo que pueden. El Ejecutivo y Legislativo están en manos del pueblo, el judicial de grupos de intereses que atentan contra lo justo y que desde décadas detectan grupos de poder en su forma estructural y funcional. Eso dicho claramente significa gobernar sin mandar en lo objetivo y también significa que los diversos grupos de la sociedad seguirán envueltos en un ciclo imparable de violencia y dejemos de engañarnos: el gobierno, cualquier tipo de gobierno no puede tomar nuevo rumbo sin tener por el mango la fuerza de la justicia y estará condenado, aunque no lo desee, a mantener de lo mismo, dejando a la mayoría expuesta a la explotación interna y externa.
El nuevo gobierno no podrá tomar su destino y fundar una verdadera democracia, a menos que tenga de su lado enteramente la justicia, la equidad y la eficiencia, ninguna de ellas puede fallar. Un Estado real solo puede estar subordinado a la constitución, pero no a interpretaciones y actos de individuos u organismos al respecto, mangoneados por el mejor postor; no se puede subordinar la Constitución a la interpretación de grupos que la trastocan de acuerdo a interés y no a su espíritu. No puede gobernarse una nación, a expensas de dictados y actos de nichos de poder mezquinos y que obedezcan a intereses espurios que conduzcan a males incalculables. Estamos urgidos de una solución política completamente nueva y valerosa.
