Un año de cierre de la Usac; las privadas más atentas al negocio que a sus verdaderos objetivos y se puede decir que en el campo de la docencia y la investigación, prácticamente una pobreza en realizaciones y logros.
Ante una nueva campaña electoral, un tema central de esta debería ser la educación superior. Estimular la participación de los investigadores en la conversación y en la cosa pública. Aumentar las conexiones sociales con la investigación y de esta con la educación. Dar y transferir fuera de la academia, la experiencia profesional y la investigación, al mundo político y social. Estos son algunos de los cambios que en la Nación deben implementarse a fin de que la academia y la universidad no pierdan legitimidad.
Para principiar hablando del ámbito universitario, digan lo que digan sus autoridades, la libertad académica está en todas muy restringida e incluso es ignorada. Esto dificulta la necesidad de asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y de los derechos fundamentales de todas las personas a través del Estado de Derecho, al no prepararse individuos para tal cosa, ni ejercerse en los ámbitos de formación.
La comisión interamericana de derechos humanos ha afirmado que la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de otros derechos y la ha establecido una función habilitante y social, para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico, el desarrollo humano y de la sociedad. Lejos está de cumplirse con ello y debemos estar conscientes que muchas de las amenazas a la misión de las universidades, vienen de adentro de ellas. Se trata de precariedad laboral, falta de liderazgo, fuerte presión docente en contenidos y formas de enseñanza y de presión administrativa que adquiere mayor, posicionamiento en las casas de estudio, relegando la calidad educativa. Es muy evidente en muchos casos, que las universidades no quieren un público crítico, donde se prueben, escruten y examinen conocimientos, investigaciones y argumentos. No están interesados en probar la relevancia y el significado de sus resultados en un contexto cultural y político y su enfoque hacia la educación adquiere tintes de negocio y no de búsquedas de certezas. Resulta más que evidente que, a pesar de que todas ellas son financiadas total o parcialmente con impuestos ciudadanos, el retorno a estos de la inversión es pobre. Para la mayoría de catedráticos, estas instituciones son cada vez más cerradas y regidas más por las estructuras administrativas, que docentes y académicas, pudiéndose decir casi de manera unánime, que la ciencia y el conocimiento, no es considerado un bien público, social y pilar fundamental de la democracia, todo lo contrario.
Hace poco escuché a un abogado alcalde decir, que no hay espacio en una carrera pública ni a la docencia ni a la de investigación, para su participación en la actuación pública y a otros políticos de turno aseverar incluso, que no es necesaria la Universidad estatal. Con mentes tan cerradas, el público y los legisladores, pronto se preguntarán por qué deberían financiar la academia, o incluso escucharla. Menos aún se comprometerán, con cuestiones de libertad académica, ausente en estos momentos en todas partes y en todos los entornos académicos, aunque sea en magnitud diferente.
Preguntémonos entonces ¿Qué cabe esperar de las Universidades? En primer lugar, las instituciones de educación superior deben recompensar la participación pública en docencia, investigación y servicio.
En segundo lugar, el mundo universitario necesita aumentar la conexión comunitaria en investigación y educación.
En tercer lugar, la academia necesita valorar la experiencia laboral y el conocimiento práctico con mejores prestaciones a sus académicos.
En cuarto lugar, es necesario ofrecer a las universidades de parte del Estado, un buen apoyo comunicativo.
Es evidente que las universidades necesitan reformas, basándose en que es difícil cooperar cuando el objetivo no está claro.
