Alfonso Mata
En relación con el artículo publicado por Edgar Balsells “El IGSS alto presupuesto 2023 y la urgencia DE MEJOR SERVICIO” publicado el 04-I-23 un lector me envió lo siguiente:
Aun para el que haya experimentado muy de cerca el proceso de elaboración del presupuesto como Balsells, le resulta muy difícil comparar la aplicación y esfuerzo técnico con el resultado final. Por experiencia en la administración pública, me atrevo hacer un breve comentario, que posiblemente lo comparta o no el autor de esa opinión.
Elaborar el presupuesto de cada año para los profesionales expertos en el tema, es una experiencia, que al final no es lo que se esperaba, por muchos motivos que sería muy largo enumerar acá, a lo interno de la institución. En dicho ejercicio y para cerrar con broche de oro, el Ministerio de Finanzas mete las manos, como si fueran especialistas en conocer los procesos de operación de cada institución, sin factores de medición, si es o no real, el planteamiento de necesidades para la asignación de cada rubro presupuestario, y como el tiempo es corto para llegar finalmente a su aprobación, se sacan de la manga lo que cada institución necesita, partiendo de que hay un gran total y lo resultan repartiendo como si fueran dulces y ese resultado va al Congreso para que se apruebe, sin antes negociar políticamente, lo que bajo su punto de vista debiera darse según las necesidades de cada diputado distrital. Resultado: Jamás se atienden las necesidades institucionales. Entonces la pregunta es: de qué sirvió el esfuerzo y capacidad técnica de las unidades de planificación y presupuesto de cada institución.
Lo que es aún peor y derivado de ello, a un mes de finalizar el año, se mide el avance de ejecución, con un resultado pobre, y como hay en el mes de diciembre instrucciones de ejecutarlo todo, las instituciones hacen chinche la plata para poder cumplir con la meta.
¿Cómo medimos entonces la calidad del gasto?
¿Efectivamente se obtuvo un beneficio institucional?
¿A quién o quienes se benefició?
Triste no, son preguntas que nunca tienen respuesta.
Por otro lado, otro lector, señala que el artículo de Edgar Balsells sobre el tema del desastre histórico del IGSS, dibuja nítidamente la naturaleza depredadora y oligárquica del Estado de Guatemala. El Estado no paga sus cuotas del IGSS desde siempre, incurriendo por parte de los poderes del Estado y de los órganos de control del poder público, en flagrantes, continuadas y malsanas violaciones a la Constitución de la Republica, asegurando la ausencia deliberada y consentida del Estado de Derecho. Pero ¿por qué y para qué esta situación tan nociva? Este tema es el punto ciliar que origina esta disfuncionalidad, en la que han incurrido todos los gobiernos desde enero de 1986. Muy simple parece la respuesta, y por ello menos evidente: para propiciar la nugatoriedad, (invalidez, inaplicabilidad), de la misma Constitución. Todo esto, incluido el sistema legalizado, que permiten la elusión fiscal, (evasión fiscal legalizada, también claramente violatoria de la Constitución), con el propósito perverso de inflar la deuda pública interna, que favorece malsanamente, mediante la reforma constitucional espuria de 1994, la cual prohíbe al Banco de Guatemala, otorgar créditos al Estado, asegurando un pingue negocio para la banca privada, la misma que ha propiciado históricamente esta conspiración, por medio de un conocido tandem de economistas gangsteriles; situación que de hecho y por demás, impide un sano sistema bancario para el desarrollo nacional. Este es el avieso galimatías que asegura la situación de premoderidad precapitalista en lo económico, y la prevalecencia de una criminal forma medieval de ejercicio de poder público supra constitucional, que asegura la omnipotencia del criminal y oligárquico Estado de Guatemala. Este es el nudo de la lógica enrevesada, del funcionamiento oculto de un Estado, que nos agobia desde hace siglos.
