Alfonso Mata
No hay medio ni institución, que no informe a diario sobre el deterioro verdaderamente impresionante de la sociedad civil, que en buena parte es debido a la corrupción y cooptación del Estado guatemalteco. Según casi cualquier definición de salud ambiental y social, estamos inmersos en una catástrofe. A diario muchas personas mueren en circunstancias sospechosas (la mayoría por heridas de bala, accidentes y otros tipos de violencia). En su mayoría víctimas del crimen o la venganza. Es decir, Guatemala o ciertos de sus territorios, son varias veces más peligrosos que las ciudades europeas o estadounidenses más peligrosas.
Con el aumento de la corrupción estatal y desigualdades de todo tipo, los gobiernos guatemaltecos, persistentemente han privado a los residentes del derecho básico a la seguridad personal y de la justicia. Ante esto, debemos principiar por reconocer que la corrupción y la injusticia, además de ser portadoras de dolor, son la marca del fracaso humano tanto político como social. De tal suerte que la solución del problema nacional, no solo pide limpiar el Estado sino también lo social, pues ambos actúan como causa y ambos alimentan el problema de inequidad e injusticia nacional.
Debemos partir para hacer bien la limpieza, de un hecho que es más que evidente. La sociedad, sus distintos grupos, al igual que el Gobierno y la forma de gobernar, se han vuelto disfuncionales como instrumento político y de convivencia. Con sus actitudes, con sus desavenencias internas y sus intolerancias, cada vez más, destruyen los fines de la democracia, matando toda posible calidad de vida y bienestar.
Mucha gente piensa que a todo coche le llega su sábado. Pero cualquiera sabe que ante el mal se puede permanecer pasivo. La razón invita a la acción, a una no captura, únicamente cuando lo que se trata es de sobrevivir, aunque lo que se haga sea fraudulento. Pero si el objetivo es contar con un gobierno honesto, justo y trabajador por el pueblo no cabe otra, hay que tomar una escoba y barrer la letrina de lo público y empeñarse en un esfuerzo constructivo social.
El objetivo de un partido en pro de la democracia, no debe ser la toma del poder político per se y por intereses de los que lo comandan, tal y como hasta la fecha ha sucedido, sino ayudar a poner fin a la intocabilidad de los corruptos, limpiar las letrinas institucionales y de justicia, mejorar las prestaciones sociales y colocar los recursos con equidad. Es algo para pensar. El fracaso por la reciente derrota de la justicia, de fiscalizar el acto público, no debe oscurecer la posibilidad de que, para lograr en muchas áreas de la salud pública, la educación, el trabajo, avanzar en un «programa constructivo» no cabe esperar que a través de las próximas elecciones vendrá el Mesías de y sus Apóstoles a salvarnos. No es la presidencia ni el Ejecutivo, los que nos van a salvar. Antes hay que barrer con la podredumbre y brindar apoyo a quienes lo han estado haciendo durante mucho tiempo.
