Adolfo Mazariegos

Politólogo y escritor, con estudios de posgrado en Gestión Pública. Actualmente catedrático en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y consultor independiente en temas de formación política y ciudadana, problemática social y migrantes. Autor de varias obras, tanto en el género de la narrativa como en el marco de las ciencias sociales.

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Existe un dicho popular que advierte sobre los peligros de transferir de forma poco pensada el poder ciudadano, es decir, el poder público, entendido como ese poder soberano que de acuerdo con las leyes supremas de la mayoría de los Estados contemporáneos reside en el pueblo, mismo que se transfiere mediante la emisión del sufragio en eventos eleccionarios de realización periódica y de conformidad con determinado orden jurídico. Ese mismo dicho o refrán, en unas pocas palabras sentencia también que, el hecho de darle poder a alguien, muchas veces suele mostrarle como realmente es, aunque bien sabemos que, en muchos casos, darle poder a alguien no necesariamente lo corrompe, tal vez ya está corrompido (corrupto) y solamente lo está mostrando como verdaderamente es. Claro está, por supuesto, que esa no es una regla general, sin duda existen honorables excepciones y justo es decirlo. Sin embargo, los hechos político-sociales ocurridos en distintos países de América Latina durante los más recientes años, a pesar de que no es un asunto nuevo ciertamente, han puesto de manifiesto esa realidad que ha socavado considerablemente las democracias latinoamericanas. En tal sentido, existen dos cuestiones (entre otras) de suma importancia que bien vale la pena tomar en consideración como punto de partida para el análisis: la primera es el aparecimiento de actores integrados a grupos cada vez más amplios cuya finalidad es únicamente acceder a la función pública como medio para satisfacer intereses puramente personales o sectoriales, es decir, la política como finalidad en sí misma, lo cual no deja de ser preocupante de cara al futuro. La segunda (que está íntimamente ligada a la primera), esa suerte de aletargamiento que ha producido la pandemia aún en curso en el sentido de la tolerancia ciudadana aparentemente creciente ante los actos de corrupción y ante la incapacidad notable en el ejercicio de la administración del Estado. En tal sentido, existe una imperante necesidad de administrar los bienes y recursos de los países con transparencia, con honestidad, con eficacia y eficiencia, y con los fines para los cuales dichos bienes y recursos existen, que no es más que la búsqueda del llamado bien común. Valga decir que el poder de todo gobernante, congresista o funcionario público es temporal, limitado, efímero, y le es transferido por quien lo tiene de manera soberana por mandato de la ley. Por ello, vale la pena tomarse un momento para meditar y decidir lo que se considere más acertado a la hora de acercarse a las urnas de un centro de votación a ejercer el sufragio, cuando sea el momento.

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