La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva una acción de inconstitucionalidad relacionada con el delito de terrorismo, al considerar que su aplicación vulnera derechos fundamentales y podría usarse para criminalizar la protesta social.
Según el comunicado emitido, las autoridades indígenas recordaron que en septiembre de 2025 presentaron una acción de inconstitucionalidad contra dicho delito, argumentando que “vulnera el principio de legalidad”. La petición, de acuerdo con el documento, fue conocida en vista pública el 27 de noviembre de 2025, sin que hasta la fecha exista una resolución.
SOLICITUD A LA CORTE
De acuerdo con los 48 Cantones, el miércoles 14 de abril se presentó una nueva solicitud ante la CC para que, “dentro del marco de la ley, el debido proceso y el acceso a la justicia”, se pronuncie sobre el recurso planteado.
Según la organización, su petición busca que se declare con lugar la inconstitucionalidad del delito de terrorismo, al considerar que su redacción es amplia y puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias. “Es un peligro que existan tipos penales regulados de forma tan amplia”, señala el comunicado.
-COMUNICADO OFICIAL-
La protesta social no es un delito, los Pueblos Indígenas NO somos terroristas. 📣#48Cantones #PueblosOriginarios pic.twitter.com/xx0HsI5nci— 48 Cantones Oficial (@48_CantonesToto) April 16, 2026
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Las autoridades indígenas afirmaron que, a su criterio, la normativa vigente ha sido utilizada para actuar contra liderazgos comunitarios. Según el pronunciamiento, existe preocupación por el uso del delito de terrorismo “en contra de autoridades indígenas… para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos”.
El documento también hace referencia al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul.
Según los 48 Cantones, el relator presentó una acción conocida como amicus curiae en el proceso, en el cual reconoce los desafíos de los Estados frente al terrorismo, pero enfatiza que las leyes penales deben respetar el principio de legalidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
Finalmente, las autoridades indígenas instaron a la Corte de Constitucionalidad a resolver dentro de los plazos legales. Según el comunicado, la intención es “poner fin a la arbitrariedad y al mal uso” del delito de terrorismo.
