A casi cuatro meses de la supuesta desaparición de un recién nacido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público (MP), con el objetivo de determinar si se cometieron ilícitos y establecer posibles responsabilidades penales.
Según el MP, aunque la alerta por la presunta desaparición del recién nacido, identificado por los padres como Léster Manuel Díaz Juárez, fue desactivada, las diligencias no han concluido.
«La alerta se desactivó en virtud a los avances de la investigación presentados por la Agencia Fiscal de la Mujer, dado que se determinó por medios documentales y científicos que dicho recién nacido no nació», explicó el MP.
De esa cuenta, las autoridades mantienen abierto el expediente para esclarecer las acciones derivadas del caso, ante la posible comisión de una falsa denuncia.
EL CASO
El hecho se dio a conocer el viernes 29 de agosto, cuando Evelyn Yesenia Juárez Pérez y su esposo denunciaron la supuesta sustracción de su hijo recién nacido en el Hospital del IGSS de Escuintla.
Según la versión de la mujer, ni ella ni el bebé habrían recibido brazaletes de identificación. Además, afirmó que personal médico del IGSS le sugirió realizarse exámenes para confirmar si realmente había estado embarazada, ante dudas sobre la existencia de un parto.
Posteriormente, los padres del supuesto menor denunciaron públicamente que estaban siendo víctimas de extorsión para recuperar al bebé. Según videos difundidos en redes sociales, aseguraron haber recibido llamadas desde un número desconocido, en las que les exigían Q50 mil a cambio de la supuesta entrega del niño.
VERSIÓN DEL IGSS
El caso cobró mayor relevancia pública cuando el director del IGSS de Escuintla, Franco Marcenaro, acudió a una citación en el Congreso de la República junto al diputado Obbed Castañasa, representante de Escuintla.
Durante su intervención, Marcenaro explicó cronológicamente el caso y aseguró que, según las cámaras de vigilancia, la mujer nunca ingresó al área de Emergencia de Maternidad. Además, indicó que no existe evidencia de que haya dado a luz dentro del hospital.
La nota de La Hora: «IGSS de Escuintla por presunta desaparición de bebé: mujer nunca ingresó a Maternidad», explica cronológicamente la situación.
Tras conocerse la denuncia, el IGSS dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), a la Procuraduría General de la Nación (PGN), a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Ministerio Público, entidades que revisaron las grabaciones de videovigilancia y entrevistaron a pacientes y personal del hospital.
Movilizaciones en Escuintla frente al IGSS por desaparición de recién nacido
MP INICIA INVESTIGACIÓN
Por lo anterior, el MP inició una investigación con el análisis de videos, documentación de ingresos y egresos, como información técnica en busca de deducir responsabilidades penales.
De esa cuenta, el ente investigador aseguró que en seguimiento a la denuncia presentada el 28 de agosto de 2025, “descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial”.
Según el MP, los videos de vigilancia muestran que Juárez ingresó al hospital la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo. Además, el libro de ingresos y egresos no registra su ingreso al área de maternidad.
A ello se suma que, según el MP, la evaluación médico forense practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la mujer no presentaba signos clínicos de embarazo previo y que la prueba de embarazo resultó negativa.
Video: padres de presunto bebé desaparecido aseguran que les exigen Q50 mil para recuperarlo
POSIBLE FIGURA PENAL
El MP indicó que la investigación incluye el análisis de una posible simulación de delito. Según el artículo 453 del Código Penal, este delito se configura cuando una persona afirma falsamente la comisión de un hecho delictivo con el fin de inducir a un proceso penal.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue en desarrollo y que será el órgano jurisdiccional correspondiente el que determine las responsabilidades legales que puedan derivar.
