El abogado constitucionalista Edgar Ortiz. Foto: La Hora / Archivo

El abogado constitucionalista Edgar Ortiz explicó tras la conferencia ofrecida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sobre las acusaciones en contra del presidente Bernardo Arévalo, en el caso «Mecanismo de Corrupción Micivi», fue a su parecer más enfocado en lo político que en lo jurídico.

Según Ortiz, el Fiscal Rafael Curruchiche, titular de la FECI, acusó al presidente, Bernardo Arévalo de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución.

«Sin embargo, la conferencia de prensa tuvo un tono más político que jurídico», afirmó el abogado.

ACUSACIONES AL AIRE

De esa cuenta, Ortiz destacó que, Curruchiche alega que Arévalo ordenó pagos directos a empresas, algo que, según la fiscalía, “solo corresponde a los ministros”.

Sin embargo, Ortiz afirmó que no se presentó evidencia clara que explicara, el porqué, los pagos eran ilegales, «dejando la acusación en el aire», expresó.

«Lo que propuso Arévalo fue una fórmula distinta para asegurar pagos a todos los proveedores en función de ciertos parámetros, en lugar de seguir el criterio discrecional tradicional», señaló Ortiz.

Según el análisis de Ortiz, la acusación de la fiscalía se basa en que estos pagos violaron la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante, Curruchiche se limitó a señalar que el mandatario firmó documentos autorizando los pagos, sin detallar cómo esto constituye un delito.

COMENTARIOS POLÍTICOS

De esa cuenta, Ortiz añade que Curruchiche mediante un comentario «político» acusó al Presidente de ser “la principal persona que fomenta la corrupción e impunidad en Guatemala”.

«Este tipo de declaraciones son más propias de un opositor político que de un fiscal», mencionó el abogado.

Ortiz plantea que el fiscal, insinuó que las visitas de Luis Almagro a Guatemala en 2023 estaban relacionadas con un «supuesto apoyo» hacia el mandatario.

Asimismo, el abogado señala que Curruchiche sugirió que la designación de Gabriel Orellana en el Comité de Juristas de la OEA tenía «fines políticos».

«Una teoría de la conspiración total. Sin pies ni cabeza. De nuevo, haciendo política», aludió Ortiz.

SIN PRUEBAS = POSIBLE RECHAZO

Para Ortiz, las faltas de pruebas y el tono de la conferencia, sugieren, a cualquier observador razonable, que las acusaciones contra Arévalo están motivadas a intereses políticos.

«Ahora la denuncia pasa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según el artículo 16 de la Ley de Antejuicio, la CSJ puede rechazar el antejuicio si considera que es abiertamente político, espurio o infundado.», afirmó Ortiz

ANTEJUICIO IN LIMINE 

Sin embargo, Ortiz explicó que si la CSJ rechaza el antejuicio in limine, remitirá el expediente al Congreso de la República.

Es ahí donde el Congreso deberá nombrar por sorteo a una comisión pesquisidora. Esta misma elaborará un informe recomendando para retirar o no la inmunidad al Presidente.

«En ese caso, el pleno del Congreso tiene la última palabra», refirió Ortiz.

Finalmente, destacó que para que esta medida suceda, se necesitan 107 votos a favor, para retirar la inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo.

Yesica Peña
Periodista con el deber ético de convencer al ciudadano de que necesita informarse correctamente.
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