La procuraduría General de la Nación (PGN), presentó este 30 de abril una solicitud para ser incluida en la audiencia de desestimación de cargos por el caso en la compra de vacunas Sputnik V.
La solicitud fue presentada al Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, quien llevará acabo la audiencia el próximo 2 de agosto.
DESEAN SER INCLUIDOS
La entidad recalca que dicho requerimiento se presentó par que la PGN sea incluida en la audiencia unilateral de desestimación que solicitó el Ministerio Publicó el pasado 6 de julio de 2023, con respecto a la carpeta ministerial MP001-2021-19258, por la compra de vacunas Sputnik V.
Además, la PGN aclara que dicha petición es para que la jueza escuche los argumentos de la entidad, esto en oposición a la desestimación, sobre todo en lo referente al impacto que este caso tiene sobre el interés del Estado.
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CASO VACUNAS SPUTNIK V
Este caso se trata de la investigación por la compra de ocho millones de dosis de vacunas Sputnik-V contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, un contrato que habría dejado una serie de “pagos irregulares” en manos de Martínez, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.
En marzo de 2021, Amelia Flores, en ese entonces Ministra de Salud, designada por el exmandatario Alejandro Giammattei, anunció la negociación con el Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF, en inglés). El pago se hizo a la empresa Human Vaccine LLC por la compra de ocho millones de vacunas para combatir el coronavirus. El costo fue de Q614.5 millones y se pagó por adelantado.
El contrato fue guardado con recelo por las autoridades del anterior gobierno y pese a la insistencia de la prensa por conocer los detalles del mismo, no se les dio acceso.
Sin embargo, Flores indicó que el convenio tenía una segunda entrega de igual número por otros Q614.5 millones, pero esta no se hizo efectiva ante los meses de retraso que presentó la empresa para entregar la dotación de inmunizantes a Guatemala.
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Con el pasar de los meses, contagios masivos de coronavirus y vacunas sin ser entregadas, las dudas incrementaron y para julio de ese mismo año. La Hora reportó que Giammattei y el entonces ministro de Relaciones Exteriores (Minex), Pedro Brolo, habían estado detrás de los intereses que el Ministerio de Salud (MSPAS) pactó.
Por su parte, EE. UU. señaló que, «Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik-V por parte del Gobierno de Guatemala». Las consecuencias para Martínez fueron el congelamiento de activos en ese país y la prohibición de entrada.
El Ministerio Público (MP) informó a La Hora que Flores, es la única persona sujeta a investigación en el caso que, puesto a que fue la única que firmó el contrato con los rusos.
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HAY 11 PUNTOS
El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, en compañía del ministro de Salud, Oscar Cordón, presentaron el pasado 4 de abril una denuncia penal en Torre de Tribunales por el contrato de las vacunas Sputnik V, sustentando la denuncia en once puntos:
- Fue ilegal suscribir un contrato con un ente que no era productor de vacunas.
- No se corroboró quién firmó por parte de la compañía intermediaria, Human Vaccine LLC.
- El contrato de las vacunas se firmó en idioma inglés, y no en el idioma oficial del país.
- No se negociaron condiciones favorables de entrega de vacunas.
- Fue ilegal negociar regalías para Human Vaccine LLC.
- Se negociaron sanciones de incumplimiento dañinas para el Estado.
- No se respetó la jerarquía normativa ni el principio de legalidad.
- No se respetaron los preceptos legales al someter el contrato a arbitraje.
- No se justifica la confidencialidad del contrato.
- No se sabe en qué país firmó la contraparte de la negociación.
- Se sometió al Estado a aceptar una vacuna no certificada por organismos internacionales.
EN MANOS DE LA FECI
La investigación por las irregularidades en la compra millonaria de las vacunas Sputnik-V pasó a manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Pedro Hernández, ahijado de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), fue el fiscal designado para liderar el expediente.
Hasta hace unas semanas la Fiscalía contra la Corrupción conocía el caso; sin embargo, el miércoles último el ente investigador reveló por medio de un memorial que la pesquisa pasó a manos de la FECI, que dirige Rafael Curruchiche, vetado de ingresar a 42 países del mundo por socavar la democracia de Guatemala.
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