Los congresistas Norma Torres, de origen guatemalteco, y Raúl Grijalva lideraron una carta firmada por 15 legisladores más para instar al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken a tomar medidas adicionales para combatir la corrupción, contrarrestar el retroceso democrático y promover los derechos humanos en Guatemala.
En la misiva los congresistas indicaron: «Estados Unidos debe dejar en claro que nuestra asociación con Guatemala depende de la protección de los derechos humanos y la democracia, y de la defensa del Estado de Derecho para el pueblo de Guatemala».
Dentro del documento relataron situaciones puntuales que les preocupan y recomendaciones para acciones inmediatas que el gobierno estadounidense puede tomar.
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Fuerza de tarea de EE. UU. recibirá denuncias de corrupción en Guatemala ?? [https://t.co/pIhvdSCyCA] pic.twitter.com/35YiEH7ulw— Diario La Hora (@lahoragt) October 15, 2021
“El Congreso de Guatemala introdujo una ley de amnistía que impediría que se hiciera justicia para crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno”.
Además, se refirieron a la vigencia de la ley que permitirá al poder Ejecutivo guatemalteco cerrar las Organizaciones No Gubernamentales que «alteran el orden público”, señalaron.
En el caso de las reformas a la ley de ONG´s señalaron que el presidente, Alejandro Giammattei, ignoró recomendaciones hechas por Samantha Power, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), “Desafortunadamente, el gobierno guatemalteco ignoró estas preocupaciones y permitió que la ley tomara efecto, a pesar de las reiteradas advertencias de que estas disposiciones podrían utilizarse para criminalizar los derechos humanos defensores y sociedad civil”, agregaron.
Además, señalaron el peligro que corre la independencia judicial con ataques contra administradores de justicia. “Cuatro jueces de tribunales de alto riesgo con medidas cautelares también están siendo intimidados”. Destacaron que existen innumerables denuncias legales infundadas destinadas a obstaculizar el trabajo de los jueces.
“Muchas de estas quejas se presentan por personas que han sido nombradas públicamente como corruptas por el gobierno de los EE. UU.”, indicaron.
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
Los congresistas expusieron dentro de la carta las acciones para debilitar el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, desde el despido del exfiscal Juan Francisco Sandoval y otros cambios, argumentando supuestos ascensos.
“Antes de la destitución de Sandoval, FECI había enfrentado numerosos desafíos legales destinados a obstruir su trabajar e invalidar su mandato. Tras despedir a Sandoval, el Fiscal General, con el apoyo del presidente Giammattei, así como el nuevo director de la FECI, han abierto investigaciones sobre Sandoval”, mencionaron.
Los representantes Raúl M. Grijalva y Norma J. Torres dirigieron a 15 miembros de la Cámara en una carta instando al Secretario de Estado Anthony Blinken a tomar medidas adicionales para combatir la corrupción. pic.twitter.com/gXzy0oGOBe
— Diario La Hora (@lahoragt) October 15, 2021
Destacaron que la Corte de Constitucionalidad también dictaminó que ciertas personas con cargos de corrupción, incluidos los de soborno y enriquecimiento ilícito, pueden optar a la conmutación de penas.
En la carta indicaron, “ya no hay cualquier duda de que la Procuradora General -fiscal general- Porras no puede o no quiere realizar su trabajo imparcialmente. Sin embargo, también creemos que se necesitan más medidas para proteger la democracia y el estado de derecho en Guatemala”.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones que hicieron los congresistas están que EE. UU. no reanude el compromiso con el Fiscal General hasta que haya uno nuevo comprometido con la imparcialidad de justicia.
Garantizar la protección de la familia de Juan Francisco Sandoval, el personal de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, los jueces en situación de riesgo y otras personas que se encuentren en condiciones físicas y riesgo legal debido a su trabajo en FECI o en otros cargos legales destacados.
Aprovechar herramientas diplomáticas, incluidas las restricciones adicionales de visa, sanciones económicas, medidas para garantizar la rendición de cuentas en cualquier préstamo internacional, y la retención de asistencia y apoyo económico para aquellos en el sector público y privado que han cometido, financiado e incitado a la corrupción y socavando la democracia en Guatemala.
