POR REDACCIÓN LA HORA
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La Corte de Constitucionalidad (CC), declaró parcialmente con lugar, un recurso de apelación interpuesto por Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, señalados en el caso Financiamiento Electoral UNE. El amparo fue interpuesto contra el artículo 407 “O” del Código Penal, que regula el delito de financiamiento electoral no registrado y en la resolución se consigna que en esta situación en particular son válidos dos argumentos de los solicitantes respecto a la retroactividad de la ley, es decir, no podría ser aplicada a los amparistas.
La resolución fue respaldada con los votos favorables de los magistrados Roberto Molina Barreto –presidente de la CC-, Dina Ochoa y Leyla Lemus; los togados María Cristina Fernández y José de Mata Vela emitieron votos razonados concurrentes.
“Revoca el auto apelado y se declara con lugar parcialmente el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, planteado contra el artículo 407 “O” del Código Penal, que regula el delito de Financiamiento electoral no registrado, únicamente con relación a las denuncias, relativas a la vulneración del artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, como consecuencia, su inaplicación en el caso concreto en cuanto a los solicitantes”, se lee en la resolución.
El artículo 15 de la Carta Magna refiere: “Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.
Mientras que el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
Los solicitantes argumentan que el delito por el cual se les señala entró en vigor en 2018 y los hechos señalados por la Fiscalía sucedieron en 2015. Además, buscaban que la orden de captura en su contra quedara sin efecto.
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RECURSO HABÍA SIDO RECHAZADO EN JUDICATURA
En septiembre de 2020, Leal Pivaral y Leal Castillo, plantearon una inconstitucionalidad ante el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, en contra del artículo que tipifica el Financiamiento Electoral No Registrado, para no ser juzgados por ese delito, sin embargo, la jueza Claudette Domínguez declaró sin lugar el recurso.
Además, Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, papá y hermano del empresario Mario Leal, excandidato vicepresidencial por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), plantearon esa inconstitucionalidad en la CC.
EL CASO
La pesquisa del Ministerio Público (MP), y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló que más de Q27 millones aparentemente no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2015.
Por este caso es señalada la excandidata presidencial Sandra Torres, quien actualmente se encuentra guardando arresto domiciliario. También está implicado el expresidenciable de la agrupación política, Mario Leal, quien no ha sido detenido.
