Por Jeanelly Vásquez
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En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunció por las condiciones de desigualdad a la que son sometidos quienes laboran en el sector informal y las consecuencias que la crisis sanitaria ha traído a este grupo.
En un comunicado, el Procurador destaca que en los últimos 40 años los trabajadores han luchado por el cumplimiento de sus derechos, iniciativa a la que, según él, no es de interés para los patronos y a la que el Gobierno hace caso omiso. “De acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de los patronos formales incumplen el pago del salario mínimo, sin consecuencias legales”, recalcó Rodas.
En el documento también menciona que la pandemia Covid-19 ha causado un incremento en la cantidad de personas laborando en la informalidad, “en Guatemala, tras los impactos de la pandemia del Covid-19, la población que trabaja en la informalidad se incrementó en casi 10 puntos porcentuales y ronda ahora el 80% de la fuerza laboral”, señala.
También sostiene que más del 90% de estos individuos sobrevive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, donde la mayoría labora entre 12 y 16 horas al día para obtener ingresos que aun así, no les permite adquirir la canasta básica, ni disponer de protección social, asistencia técnica, acceso al crédito y derechos de pensión.
Ante esto, recomienda al Congreso y al Gobierno de Guatemala emprender una política pública integral de generación de empleo digno.
— Diario La Hora (@lahoragt) May 1, 2021
Dentro de un Estado que el Procurador califica de “básicamente ausente en la prestación de servicios básicos a la población”, expone que los trabajadores se ven obligados a migrar a Estados Unidos y México, bajo condiciones que reflejan una crisis humanitaria de grandes dimensiones.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GENERAR EMPLEO DIGNO
Ante lo expresado anteriormente, el magistrado de conciencia sugiere al Congreso de la República y al organismo Ejecutivo crear políticas públicas para generar empleo digno y programas de formalización del trabajo para restablecer los derechos y el rendimiento de los trabajadores y trabajadoras.
Rodas propone realizar acciones que faciliten la formalización de al menos 1 millón de trabajadores en los próximos dos años, mediante la coordinación interinstitucional del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social (Mintrab), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Recalca que estas acciones deben garantizar el cobro del monotributo anual o semestral, restaurar derechos laborales de seguridad social, protección en caso de discapacidad y cobertura de retiro, acceso a créditos blandos y asistencia técnico-administrativa.
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“Es de vital importancia el despliegue de extensionistas agro-industriales, la generación de centros de capacitación para el trabajo pertinente, que estén desconcentrados y descentralizados, así como el acceso a créditos concesionarios y la integración de mercados internos y regionales”, puntualizó.
Por último, el procurador exhorta a los diferentes sectores de la sociedad civil a presionar al Estado con el fin de idear en conjunto con la administración Biden-Harris de Estados Unidos, una política de migración que ofrezca seguridad, cumplimiento de los derechos laborales de los migrantes y mitigue los impactos de las rupturas familiares guatemaltecas.
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