POR REDACCIÓN LA HORA
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Este lunes, Reino Unido emitió sanciones contra 22 personas involucradas en actos de corrupción a nivel mundial, impidiendo su acceso al sistema financiero de ese país, entre ellos el diputado de TODOS, Felipe Alejos. Pero ¿por qué cobra relevancia esa sanción?, una de las claves son las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que forma parte del Reino Unido y que ha sido considerado un paraíso fiscal.
¿Qué es un paraíso fiscal? Es una jurisdicción o un país en donde el dinero y las utilidades de una entidad, persona, empresa u otras figuras existentes no generan pagos de impuestos.
Un experto en temas fiscales señaló que esa jurisdicción es usada para constituir sociedades (offshore), y desde ahí facturar y no pagar impuestos en ningún lado, por ejemplo, se puede constituir una sociedad en ese país y desde ahí facturarle a una compañía guatemalteca o a cualquier otra entidad en otro país.
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Además, resaltó que las Islas Vírgenes Británicas son una jurisdicción del Reino Unido, el cual sabe que es un lugar de nula tributación, “entonces me imagino han de haber analizado que el hoy sancionado, posiblemente instaló una offshore para un fin específico, lavar dinero está en las posibilidades”, remarcó.
Esto resulta clave en la persecución de quienes cometen actos de corrupción, insistió el consultado.
“Si el Reino Unido dice que estos señores están vinculados con temas de corrupción es porque han de haber ido a dejar el dinero producto de la corrupción a Islas Vírgenes Británicas y desde ahí han de haber facturado, generado ingresos, con el objetivo de no pagar impuestos. No sólo hubo temas de corrupción, si no la utilización de paraísos fiscales con el objetivo de no ser identificados”, explicó.
Por último, el experto en temas fiscales señaló que lo más seguro es que detectaron una offshore o entidades constituidas en Islas Vírgenes Británicas.
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LA SANCIÓN
Felipe Alejos, actual diputado por el partido TODOS, es uno de los principales rostros del oficialismo en el Legislativo y recientemente recibió una sanción por los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 basada en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, por señalamientos en casos de corrupción.
