El tema ha sido discutido en CONADUR presidido por el mandatario Alejandro Giammattei. Foto La Hora/AGN

Por Ana Lucía González
agonzalez@lahora.com.gt

La sociedad civil, representada ante los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes), solicitó un aumento de 5% a 10% en la asignación presupuestaria anual que recibe por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Para el ejercicio fiscal 2022, el techo presupuestario para los 22 departamentos sería de Q2.5 millardos. De este rubro, 5% sería Q129,457,900. Este fondo corresponde a la asignación IVA-Paz de los Codedes a los Comudes, de acuerdo con datos de Segeplan.

El aumento a este rubro presupuestario estaría por definirse en la próxima reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el 13 y 14 de mayo, que dirige el mismo presidente Alejandro Giammattei.

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El subsecretario de Segeplan, Marco Tulio Leonardo, confirmó que esta solicitud se abordó en una reunión desde febrero pasado. “Se tocará el tema y se tomarán decisiones. Esto solo lo puede aprobar el Consejo en pleno”, explicó.

CIFUENTES: FIN DE INICIATIVA ES NOBLE, PERO SE HA DESFIGURADO

Sin embargo, hay quienes adversan este incremento presupuestario. El consultor en gobiernos locales, Edy Cifuentes argumenta que esta iniciativa, creada en principio con fines nobles, ha terminado por desfigurarse y se ha convertido en una oportunidad para que estructuras corruptas hagan negocio con ese 5% anual que reciben distintos grupos.

“Se ha vuelto costumbre que grupos interesados coopten a los representantes civiles, canjeándoles o comprándoles la cuota asignada, lo que termina por prostituir una iniciativa de participación en el desarrollo de sus comunidades”, asevera. Para Cifuentes, esta asignación perdió sentido y naturaleza. En consecuencia, lo más lógico es replantear este 5% pues no hay manera de ejercer un control sobre estos montos. ¿Quién fiscaliza esta inversión?, pregunta.

La próxima reunión de Conadur será el 13 y 14 de mayo, la cual dirige el presidente Alejandro Giammattei. Foto: La Hora/Archivo.

Juan Domingo Pérez, presidente de la Asociación Cerro de la Cruz en la Antigua Guatemala, comenta que desde que se creó la ley, los representantes de sociedad civil han sido los mismos, solo se han ido turnando y considera que tampoco han sido representativos.

“Los Codedes se inventan un montón de proyectos. Uno de los más recientes es un hospital materno-infantil que no es prioridad y para el cual se asignó un fondo de Q4.5 millones. El alcalde necesita el voto del Comude para aprobar el proyecto. Este se aprueba sin planos autorizados por el Ministerio de Salud ni convenios, que al final es quien lo debe administrar”, cuestiona.

“No hay quien acompañe estos procesos, es obra mal planificada, mal ejecutada que se hace solo por cumplir con esta ley”, asegura.

CRITERIOS DE PRESUPUESTO

Esta asignación se sustenta en el punto resolutivo 04-2019 del Conadur, firmada en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). En el capítulo II, artículo 6, se establece cuáles son los criterios de asignación de recursos a los Comudes, en donde se define destinar un 5% del techo asignado al departamento a proyectos multimunicipales de carácter estratégico y de impacto, en función de los planes de desarrollo priorizados por la sociedad civil, representada en el Codede y acreditada mediante acta.

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Todo ello data de 2012, cuando el Conadur asignó un 5% del presupuesto anual a los Codedes definiendo que debería ser programado para proyectos de la sociedad civil. Sin embargo, como resalta Cifuentes, pronto estos recursos cayeron en manos de “mafiosos” que literalmente compraban la cuota a ciertos líderes con representación legal ante los 22 Codedes.

Los recursos financieros provenientes del IVA Paz, que destinan los consejos departamentales a los Comudes se asignan de acuerdo con una serie de criterios técnicos de distribución.

Los fondos varían cada año, según el presupuesto y se distribuyen de la siguiente manera: 50% en función a la población del municipio (20% población urbana y 30% rural); 40% de acuerdo al porcentaje de pobreza extrema; y por último, 10% en función del índice de participación ciudadana y gestión estratégica establecida en el ranking municipal, de acuerdo al documento 04-2019 de Segeplan.

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