POR REDACCIÓN LA HORA
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Ciudadanos, profesionales, activistas y más de 65 organizaciones, solicitaron en una carta enviada a la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, que garantice una investigación objetiva e independiente en los casos de Comisiones Paralelas I y II y se permita a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), actuar con total autonomía y sin interferencia de “ninguna autoridad superior.”
Además, cuestionaron su imparcialidad en estos expedientes considerando la cercanía que ha tenido con los actuales magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
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Según explican los firmantes, es de conocimiento público que existen investigaciones pendientes en contra de altos funcionarios públicos por los casos de Comisiones Paralelas I y II.
No obstante, aseguran que a la fecha no se han presentado solicitudes de los antejuicios correspondientes.
Esto en referencia a la más reciente fase del caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual el principal señalado es Gustavo Alejos, donde la FECI ha indicado que correspondería la presentación de procesos de antejuicio. En la actualización de la investigación hace unas semanas, la Fiscalía presentó un documento incautado a Alejos en el cual se consigna cómo se habría negociado la conformación del listado de aspirantes a Salas de Apelaciones y en una columna se escribió CSJ y el número diez, que podría corresponder a los magistrados de ese organismo.
“Su cercanía con los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes -antes de ser fiscal- le nombraron supervisora de tribunales y luego la designaron para ocupar el cargo de magistrada a la Corte de Constitucionalidad, pone en tela de duda su imparcialidad respecto a las investigaciones sobre la participación de los magistrados en los casos mencionados”, afirmaron.
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En el documento, los firmantes le recuerdan a la Fiscal General, que el ente investigador tiene la obligación de asegurar que en Guatemala se cumpla la ley y de velar por la seguridad del país.
“A usted como jefe de la institución le corresponde el ejercicio de la acción penal pública según el artículo 251 de la Constitución Política de la República”, aseguran en el escrito.
RETRASAR ACCIONES PENALES PUEDE SER CALIFICADO COMO UN DELITO
Por eso, recuerdan que la labor de la Fiscal General debe apegarse a los más altos estándares de imparcialidad.
“Usted tiene la responsabilidad de defender la autonomía del Ministerio Público y promover de forma objetiva la investigación de hechos criminales. Para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones, el actuar de los funcionarios públicos debe estar exento de conflictos de interés”, reiteran en su petición.
En ese orden, señalan que el no actuar con la diligencia debida y retrasar las acciones penales correspondientes puede configurar el delito de obstrucción de justicia o encubrimiento.
Además, enfatizan en que las denuncias penales oportunas pueden tener un efecto “directo en la confianza en las instituciones de justicia” que son la última línea de defensa contra la corrupción y la impunidad.
Los solicitantes aseveraron que permitirle a la FECI, actuar con total autonomía y sin interferencia de ninguna autoridad superior, es en concordancia con lo que estipula el artículo 44 de la Ley Orgánica del MP.
Ciudadanos guatemaltecos y distintas organizaciones se pronuncian por actuar de la Fiscal General del MP, María Consuelo Porras y señalan que "ponen en tela de duda su imparcialidad", respecto al caso Comisiones Paralelas. pic.twitter.com/u7szHa55s8
— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2021
