Ex diputado Julio César López Villatoro. Foto La Hora/Archivo

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

La orden de captura en contra del exdiputado, Julio César López Villatoro seguirá activa, luego de que la Sala Primera de Mayor Riesgo suspendiera el trámite de un amparo promovido por este en contra del Juzgado de Mayor Riesgo «A», a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

Esto se deriva de que la juzgadora no revocó una orden de captura que existe en contra de Villatoro López, por los casos Plazas Fantasma y Financiamiento UNE.

El amparo fue presentado el pasado 26 de agosto por el abogado defensor del exdiputado y es el segundo que se plantea en esa misma línea.

El exdiputado se encuentra prófugo de la justicia desde febrero de 2019, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dio a conocer el caso Financiamiento Electoral no Registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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SALA RECHAZA AMPARO PRESENTADO POR JULIO IXCAMEY POR EL MISMO CASO

Por otro lado, la Sala Primera de Mayor Riesgo, rechazó un amparo presentado por el diputado Julio Ixcamey de la bancada UNE, planteado en contra de otra resolución dictada la Juez de Mayor Riesgo «A», Claudette Domínguez.

La acción fue porque la juzgadora autorizó realizar allanamientos en dos entidades mercantiles en las que el congresista figura como representante legal.

Las empresas en donde se realizaron las diligencias en su momento fueron, la compañía de Servicios Profesionales Jurídicos, Sociedad Anónima (Serprojusa) y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe.

Por otro lado, la Sala Primera de Mayor Riesgo, rechazó un amparo presentado por el diputado Julio Ixcamey de la bancada UNE. Foto La Hora

EL CASO

Las investigaciones de la FECI expuestas en febrero de 2019, revelaron que el partido UNE, financió su campaña electoral de 2015 con fondos provenientes de actividades criminales y otras aportaciones anónimas que suman un total de Q19 millones 531 mil 753.

Estas investigaciones se iniciaron luego de que surgiera información en el Caso Traficantes de Influencias que daba indicios de probables aportaciones que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo exige la ley.

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