POR REDACCIÓN LA HORA
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La Alianza por las Reformas y el Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (Coisola) presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 22-2020 emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual designa al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, para «conocer con exclusividad» los delitos cometido por funcionarios y empleados públicos.
«Dicho acuerdo viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República porque ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente» informó Alianza por las Reformas en un comunicado.
Agregó que la CSJ no tiene facultad para crear tribunales especiales, sino que esta competencia le corresponde exclusivamente al Congreso de la República, como ha ocurrido con los tribunales especializados de Mayor Riesgo y los tribunales de femicidio, que se crearon a través de una ley.
Alianza por las Reformas presentó una acción de inconstitucionalidad en la @CC_Guatemala en contra del acuerdo 22-2020 de la CSJ, sobre el juzgado “exclusivo” para casos de funcionarios y empleados públicos. pic.twitter.com/IWIoJARkDC
— Diario La Hora (@lahoragt) July 12, 2020
Además, señala, que el Acuerdo viola el artículo 203 sobre la independencia judicial y el derecho de toda persona a ser juzgadas por un juez «objetivo, imparcial e independiente».
«Consideremos que, la intención de la CSJ es nombrar jueces ad hoc para favorecer a funcionarios señalados de corrupción o perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base en denuncias maliciosas o infundadas. Esto representa una clara violación a la garantía de igualdad ante la ley y puede ser utilizado como un instrumento de impunidad o un mecanismo para juzgar maliciosamente a fiscales y jueces como represalia por su labor independiente. Por ello esperamos que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto esta disposición arbitraria», concluyó.
