Por Redacción La Hora
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El Organismo Judicial (OJ) sigue sin aclarar la forma en la que operará el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, el cual se convertirá en un juzgado especializado “exclusivo” para conocer casos de funcionarios y empleados públicos.
Dicha judicatura estará centralizando los casos de corrupción, mismos en los que se han visto señalados en los últimos cinco años presidentes, diputados, ministros, entre otros funcionarios, principalmente en investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Si bien, no todas las carpetas judiciales de la FECI y de otras unidades de investigación, por casos de corrupción, han sido enviadas a juzgados de Mayor Riesgo, varias investigaciones de ese tipo han estado a cargo de ese tipo de judicaturas.
Entre ellas el Caso Plaza Fantasma; Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero; Financiamiento Electoral Ilícito del Partido Unionista; Traficantes de Influencias; Comisiones Paralelas; Odebrecht; Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura, entre otros.
Es de resaltar que en el acuerdo para que ese juzgado conozca de los casos de corrupción no expone con exactitud cuál es el tribunal que conocerá los debates, ni describe concretamente las Salas de Apelaciones que conocerán de los recursos y acciones que se planteen en el proceso.
Una situación que sí se detalla, por ejemplo, en el acuerdo con el que el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal se convirtió en el juzgado de Extorsiones, en que se describe el tribunal que resolverá los juicios y las respectivas Salas de Apelaciones para la segunda instancia.
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PROCEDIMIENTO
Para que lleguen a esos juzgados se debe seguir un procedimiento establecido en la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, en el cual la Fiscal General requiera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dicho proceso sea enviado a ese tipo de judicatura, pero para ello se deben llenar ciertos requisitos.
Entre los elementos que se tienen que cumplir se encuentra que el proceso represente algún riesgo para quienes intervengan en el mismo, por lo que se necesita de mayores medidas de seguridad, además, de que debe contener alguno de los delitos de mayor riesgo
Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN) divide esos ilícitos en tres grupos: delitos de crimen organizado; delitos de violaciones de derechos humanos; y delitos relacionados a la corrupción.
Tras conceder una audiencia a las partes que asistan a esta y un análisis del expediente, la Cámara Penal de la máxima Corte del OJ deberá determinar si el caso es enviado a Mayor Riesgo o bien puede rechazar la petición que haga la jefa el MP.
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INTERROGANTES
En relación con el juzgado especializado para conocer casos de corrupción, la Corte no ha explicado cómo funcionará el juzgado, cuyo acuerdo que le dio esa facultad se publicó en el Diario de Centro América el 25 de junio pasado.
Asimismo, no ha indicado, en caso de que una investigación que involucre a empleados o funcionarios públicos, si el control jurisdiccional pasará a este juzgado especializado o si el Ministerio Público (MP) aún tendrá la vía para pedir que sean elevados a judicaturas de Mayor Riesgo.
La Hora intentó conseguir una versión del OJ respecto a estas cuestiones y otras relacionadas acerca de esta ese órgano jurisdiccional, cuya inauguración está pautada para el 16 de julio, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
