Por Redacción La Hora/lahora@lahora.com.gt
La presidenta de la Corte de la Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, expresó, en una entrevista para La Hora, que en estos momentos de la pandemia del COVID-19, dicha instancia no está “improvisando nada”, debido al impulso que ha tomado en torno a la tramitación electrónica de los expedientes.
De esa manera, la magistrada explicó que desde hace cinco años se implementó el expediente electrónico, el cual les permite en estos momentos que magistrados y letrados puedan trabajar desde casa, sin poner en riesgo a ninguna de las personas que laboran para la Corte.
“Desde el momento que se ingresa un expediente en la CC es escaneado absolutamente y se le devuelve a la persona su copia física. Es decir, nosotros no vamos a tener en la Corte más documentos”, añadió la togada.
Asimismo, la funcionaria comentó que están impulsando, con el apoyo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la creación del casillero electrónico para todos los abogados de país, precisamente, para ya no recibir más documentos físicos.
“De manera electrónica -con este casillero- cada abogado presenta una acción constitucional, lo envía a un buzón que se abre específicamente para él y desde la misma Corte, cada resolución que dictamos, se la notifiquemos en forma rápida y de forma digital”, manifestó Porras.
Además, la entrevistada indicó que se encuentran en proceso de ingresar todo al sistema y espera que al final de este año en el que estará a cargo de ese ente no haya un solo documento o tema que no esté dentro de dicho programa.
“Somos la única institución que está trabajando dentro de esta crisis de manera normal. Nosotros tenemos una jornada de trabajo. Seguimos con la discusión de nuestras agendas. La crisis no ha afectado nuestro funcionamiento”, expuso la profesional.
Según mencionó la presidenta de la CC, los magistrados siguen haciendo sus reuniones, pero por videoconferencia y que desde las 9:30 horas se conectan para celebrar las sesiones.
MEJORA EN LOS TIEMPOS
Por otra parte, la integrante de la máxima Corte del país dijo, en cuanto a mejorar los tiempos en la resolución de acciones legales como los amparos, que no necesitan de más recurso humano para ello, ni tampoco de reformas legales, sino disciplina y orden para trabajar.
En esa línea, Porras afirmó que se creó la Unidad de Viabilidad que depura las acciones constitucionales y funciona como un filtro para determinar si la misma procede, esto para que la Corte se enfoque en dar tratamiento a los asuntos que realmente tienen alguna complejidad o ameritan su intervención.
“La Corte se enfocaba en resolver asuntos que no ameritan que el tribunal constitucional se siente a estar revisando esa gran cantidad de asuntos. Entonces hicimos esa unidad que depura los casos que no van a tener ningún futuro”, añadió la funcionaria.
“Hasta donde hicimos una revisión en el 2015, la Corte depuraba con un ‘no’ casi el 85% de los casos que ingresaban. Estamos hablando de seis o siete mil casos anuales que recibe la Corte”, puntualizó la magistrada.
INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES
La funcionaria indicó que el no cumplimiento de las decisiones de un tribunal constitucional debería preocupar a toda la ciudadanía, porque la defensa de la democracia, del estado de derecho, no es una tarea que corresponda con exclusividad al tribunal constitucional.
“Las decisiones que en su momento no se cumplen, tienen consecuencias a futuro; cuando las autoridades están en el ejercicio de su cargo, es muy difícil para un tribunal constitucional hacer que se cumplan -las resoluciones- porque nosotros no tenemos una fuerza policial, una fuerza ejecutiva”, subrayó la presidenta de la CC.
De igual manera, Porras expresó que ellos cumplen con su función de procesar los casos y hacer una decisión y expuso que de forma general casi todas las decisiones que dicta el tribunal aquí y en otros países, se cumplen.
“Por supuesto, hay algunas excepciones, algunos casos que no se han cumplido, pero hay que ver el transcurso de la historia, porque cada acción tiene una responsabilidad y esta no prescribe al finalizar un mandato”, argumentó la magistrada.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
En cuanto si es necesaria una reforma constitucional para una que los jueces tengan independencia, la abogada manifestó que las leyes “pueden ser maravillosas”, pero si no hay ética ni convicción para que las cosas funcionen correctamente, “ni la mejor legislación del mundo puede eso”.
Por tal razón, Porras dijo que no le apuesta a tantas reformas, sino que hay que trabajar los aspectos éticos y morales de las personas, aunque manifestó que si es necesario hacer ajustes a la legislación hay que realizarlos.
“Los valores de las personas que se postulan y aspiran a llegar a dirigir las instituciones debería ser lo primordial. Luego hacer unos ajustes”, refirió la funcionaria, quien agregó que “obviamente hay personas que voluntaria o involuntariamente caen en la tentación de hablar con personas cuando quieren llegar a ocupar un cargo público”.
¿LA CC TIENE UNA AGENDA?
Respecto a este tema, la magistrada mencionó que las personas saben que hay valores y que no es cuestión ideológica, sino de legalidad las decisiones que se toman en la CC, añadiendo que la intención de las personas que tienen una intención diferente hacia ella u otros miembros de la Corte, no es el debate sano.
“Yo he propuesto muchas veces que cuando los casos ya han sido juzgados y si quieren que entremos en un debate jurídico-político de los casos que en algún momento se señalan como que fueran manipulados o fueron resueltos de alguna manera tendenciosa, yo me someto a la discusión”, comentó Porras.
En esa línea, la jurista afirmó que está dispuesta a discutir de manera sana, académica y desde un punto de vista técnico cualquier resolución que haya firmado y agregó que no puede evitar que las personas hagan señalamientos, “pero sí evitar contaminarme (de ellos); yo me he apartado de redes sociales y de este tipo de señalamientos”.
Asimismo, la profesional indicó que tuvo conocimiento de 44 solicitudes de retiro de antejuicio que se plantearon en su contra y que fue recurrente que provenían del mismo grupo de personas y que es cuando se va a resolver un asunto de trascendencia nacional que activan mecanismos para distraer o sorprender a otras personas.
“Un juez debe estar apartado de todo este tipo de cosas. Ya ahora que las cosas pasaron y que están allí todas las notificaciones pedí que me hicieran el esfuerzo de sistematizar de todos estos antejuicios, y esto me permite tener un mapa de cuál es la situación en mi caso personal”, subrayó la entrevistada.
De esa manera, Porras indicó que se ha apartado de redes sociales e, incluso, se entera de muchas noticias porque se las envían vía electrónica, porque cree que tienen que tener un estado de salud mental, emocional y un equilibrio para seguir haciendo su “trabajo como corresponde y como merece la ciudadanía en general”.
