POR REDACCIÓN LA HORA
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La reciente captura de dos trabajadores del Ministerio Público (MP), por presuntamente extorsionar a Ernesto Degenhart, hermano del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, evidencia la incrustación de estructuras delictivas que podrían continuar cometiendo delitos ante la debilidad institucional y falta de controles internos, explican analistas en seguridad. Mientras que el MP señala que, de 2018 a la fecha, ha recibido aproximadamente 677 denuncias en contra de su personal por presuntamente estar involucrado en hechos delictivos.
El pasado 15 de octubre, el juez de turno Ángel Contreras, ligó a proceso por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y revelación de información confidencial o reservada, a Karina Jeanneth López Hernández, auxiliar fiscal de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, así como a Elmer Lizardi Cash Díaz, analista en la Dirección de Análisis Criminal, por presuntamente extorsionar a Ernesto Degenhart.
López y Cash habrían requerido a Degenhart, Q175 mil para no pedir una orden de captura en su contra, por una supuesta investigación.
Un día antes, los sindicados fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC), cuando recogían un paquete con Q87 mil del pago supuestamente pactado.
Estas personas fueron enviadas a prisión preventiva mientras se esclarece su situación jurídica.
De acuerdo con fuentes de investigación, López y otras dos personas cercanas a ella y que no han sido capturadas, no solo habrían participado en esta extorsión, pues antes habrían armado expedientes en contra de alcaldes, integrantes de corporaciones municipales e iglesias evangélicas, a quienes amenazaban con solicitar órdenes de captura si no accedían a pagarles ciertos montos de dinero.
Para resolver “los casos”, López se reunía con esas personas en diferentes lugares, principalmente en la Calzada Roosevelt, acordaba las condiciones de pago y autorizaba seguir la negociación y cobro de extorsión a sus allegados, indican los informantes.
Según las fuentes, esta estructura fue denunciada en el MP en el período de 2017 a 2019, pero no había sido detenida, sino hasta en octubre pasado.
ESTRUCTURAS
A criterio de académicos y analistas en seguridad, este caso no concluye con estas capturas, ni es el único, pues hay sospechas de que podría haber más personas involucradas en hechos delictivos y no solo eso, sino que probablemente hay otras estructuras delictivas que continúan funcionando.
Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que este caso podría ser solo la punta del iceberg, porque existen sospechas de que puede haber más personas involucradas y otras estructuras que siguen delinquiendo.
“Hay casos que no logran resolverse por la carga de trabajo, sí hay estructuras que siguen operando dentro del MP, como de la PNC con el caso que tuvimos anteriormente (el pasado 22 de noviembre cuando policías de la Comisaría 14 se enfrentaron con investigadores de la Inspectoría General), por eso es necesario depurar. Sabemos que hay cooptación en cuanto al crimen organizado en ciertas instituciones, tanto el MP como la PNC no están libres de esto”, lamenta la profesional.
Por otro lado, el académico David Martínez-Amador, explica que el comportamiento observado en este caso no es algo nuevo, sino que siempre ha existido.
“Es la misma pregunta con respecto a por qué en el sistema carcelario resulta que no se sobrevive si no se paga. Todo tiene precio, esto es esencialmente y en primera instancia, el reflejo del clientelismo político: El Estado ofrece sus servicios al mejor postor. El comportamiento no es nuevo y es un elemento estructural, es decir, es parte esencial del funcionamiento del Estado”
David Martínez-Amador
Martínez-Amador agrega: “Esta condición de debilidad institucional genera el vicio de la corrupción. Es una cadena, un círculo vicioso que va desde el proceso de reclutamiento, los mecanismos de confiabilidad y el hecho que, aunque existan depuraciones, estas de alguna forma no reciben seguimiento alguno. Los departamentos de investigaciones internas están debilitados, bloqueados”.
Godoy, considera que hubo celeridad en este caso porque se trataba del hermano de un Ministro, aunque resalta que muchas veces el origen de estos problemas corresponde a la carga de trabajo.
“La prontitud con que se actuó en caso, fue porque probablemente era hermano del Ministro, no siempre hay celeridad, aunque en algunos casos sí, pero también hay que tomar en cuenta la carga de trabajo que hay en la Policía y en el MP”.
Verónica Godoy, directora de Imasp.
El Departamento de Relaciones Públicas del MP fue consultado por este cuestionamiento e indica: “todos los casos de esa índole se trabajan con celeridad. Tenemos personal de turno los siete días de la semana para verificar los actos. Se recibe la denuncia, por cualquier vía fehaciente, se verifica la información y de ser factible se operativiza”, señala.
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EN TODO EL ESTADO
Martínez-Amador, por su parte, no duda que existan más estructuras que cometan delitos, aunque no solo en el MP, sino en otras instituciones del Estado.
“No dudo existan muchas más. No solo en esta institución, sino en el resto del Estado. Repito es una práctica estructural, los procesos del Estado tienen precio incluyendo evitar las sanciones. Ya sea esto en presidios, en el ámbito fiscal, borrar antecedentes, etc. Los incentivos perversos son demasiados para evitar que suceda. Y no sucede porque simplemente no hay voluntad, ni interés en eliminar estas estructuras”, indica.
Julio Rivera Clavería, exviceministro de Seguridad coincide con Martínez-Amador y señala que varias instituciones tienen los mismos problemas.
“Cuando estaba en el Consejo del Ministerio Público, plantee la importancia de que se investigara a lo interno del MP, porque la información que se tiene en el gremio de abogados y en términos generales, que a lo interno del MP, en el Organismo Judicial (OJ), en la Policía, en la Defensa Pública, en el Estado en general, hay estructuras criminales o gente que tiene relación, nexos o forma parte de crimen organizado, por lo tanto cuando estábamos en el Consejo del MP se creó precisamente la Fiscalía de Asuntos Internos, pero siempre creí que -era mejor- que no fuera una Fiscalía de Asuntos Internos, sino una Inspectoría del MP”, reitera.
Rivera Clavería considera que una Inspectoría del MP habría tenido funciones de investigar administrativa, judicial y financieramente al personal del MP y tendría mejores resultados. Agrega que también es justo indicar que no se puede generalizar, porque no todos los fiscales están involucrados en hechos delictivos.
El exviceministro cuestiona que no en todos los casos se ha puesto a disposición de las autoridades a fiscales implicados en delitos, sino que únicamente se les da de baja.
“Ha sido un error que se ha cometido en anteriores mandatos con fiscales, lo que hacen simple y sencillamente es darle las gracias, en lugar de ponerlos a disposición de los Tribunales, ha sido un error garrafal, porque si usted transgrede la Ley debe ser puesto a disposición de los Tribunales”,
Julio Rivera Clavería, exviceministro de Seguridad
DENUNCIAS, APREHENSIONES Y ACCIONES
De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del MP, de 2018 a la fecha, el MP ha recibido 677 denuncias en contra de su personal por presuntamente estar involucrado en hechos delictivos.
Mientras que en el mismo período de tiempo ha solicitado 31 órdenes de aprehensión en contra de trabajadores presuntamente involucrados en hechos delictivos.
Entre las estrategias que implementa el ente investigador para evitar que su personal se involucre en hechos delictivos, está la política de mejoras, de socialización de protocolos y códigos de ética.
“A nivel institucional se busca generar un compromiso del personal y una lucha frontal contra los actos delictivos. Se trabaja en la prevención, a través de acciones integrales que involucran una política de mejora continua, como la socialización del Protocolo contra el Acoso Sexual, el Código de Ética del MP y el fomento de una cultura de legalidad, aunado a un constante monitoreo y evaluación, así como los medios de supervisión institucional”, refiere.
¿QUÉ HACER?
Rivera Clavería dice que el MP debe seleccionar al “mejor personal” para atender las investigaciones en la Fiscalía de Asuntos Internos, por otro lado, sus fiscales deben someterse al polígrafo cada cierto tiempo y hacer investigaciones socioeconómicas, porque no es fácil detectar cuando una persona comete delitos.
El exfuncionario destaca que debe existir “voluntad política” para combatir los actos de corrupción a lo interno de la institución.
Por otro lado, Godoy opina que se debe fortalecer con recurso humano y logístico a la Fiscalía de Asuntos Internos para que pueda investigar los casos y atender las denuncias de la población.
Mientras que Martínez-Amador concluye en que es importante verificar permanentemente al personal y las autoridades del MP, que están obligadas a investigar cada caso.
“La clave está en los mecanismos de confiabilidad y verificación permanentes al personal. Es casi seguro que estos mecanismos no se ejecutan con la periodicidad necesaria. Obviamente la cabeza de una institución tiene la obligación profesional y moral de investigar el caso”.
El académico agrega: “No se debe olvidar que, CICIG funcionó cómo una súperfiscalía anticorrupción que podía interinstitucionalmente hacer investigaciones. Una vez este mecanismo fue cancelado, de nuevo los incentivos regresan para que estructuras internas
(ni siquiera paralelas) operen con total impunidad. Si sumamos debilidades institucionales y complicidades, esto es lo que hay”.
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