Por: Cristian Velix
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El diputado Armando Escribá sufrió un revés del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, el cual está a cargo del juez Fredy Orellana, ya que dicha judicatura rechazó un amparo en contra de integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a quienes buscaba separar del Caso Construcción y Corrupción.
El congresista buscaba apartar de este proceso penal al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, al investigador que tiene a su cargo este expediente judicial, Carlos Videz, y al auxiliar fiscal Lorenzo Bolaños, sin embargo, el órgano jurisdiccional mencionado no dio trámite a la acción.
El legislador tiene una solicitud de retiro de antejuicio por los señalamientos en dicha carpeta judicial, aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha determinado si le mantiene la inmunidad o le quita ese derecho y permite que sea investigado.
Las pesquisas iniciales explican que cuando Escribá era funcionario público en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) él benefició con la adjudicación de contratos a empresas con las que tenía relación.
Dichas entidades recibieron de forma conjunta cuatro convenios por alrededor de Q194 millones, siendo estas Montañas Nacionales S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica S.A. (Sevica).
