Por Redacción La Hora
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La fiscal general, Consuelo Porras, respondió a la denuncia penal en su contra efectuada por el exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien la señaló de haber obstaculizado la presentación de la investigación del Caso sobre Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE y de haber favorecido a su excandidata presidencial, Sandra Torres. Entre los argumentos de Porras para refutar la denuncia es que González, antes de dejar el cargo, le había solicitado que se mantuviera su esquema de seguridad, a lo que la Fiscal se negó, por ser una “petición ilegal”.
Expertos en seguridad consideran que la petición de González es razonable, por el riesgo que implica el puesto que ocupó en la FECI, ya que al dejar el cargo el mismo no disminuye a cero.
Walter Menchú, analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que al dejar el puesto, el riesgo no cae automáticamente a cero, aunque tampoco se mantiene al nivel que tenía antes.
Menchú considera que debe hacerse un análisis de los casos que llevó, si eran de corrupción o crimen organizado, a la vez que enfatizó que en los casos de corrupción también existen riesgos.
“Claramente cuando la gente sale de su puesto ese riesgo se quita, porque si ya no tienen ninguna incidencia, el incentivo de los otros de causar un atentado se elimina, aunque todavía podría quedar un incentivo pero únicamente a tomar venganza”, indicó.
Para el analista, es importante mantener un equilibrio en la asignación de la seguridad y enfatizó que sí es importante que no se deshaga de una vez ese esquema de seguridad, de tenerlo a pasar a cero. En todo caso había que ver qué petición había hecho González, tal vez no se le podía cumplir al 100 por ciento, pero en algo tenía que apoyarlo, opinó.
Por otro lado, Menchú considera que este precedente puede ser un desincentivo para quienes quieran trabajar en estos puestos. Van a tener que tener otro incentivo para dedicarse a eso y va a limitar mucho a la gente que quiera participar, indicó.
DE LEÓN ESCRIBANO: SON LOS MÁS EXPUESTOS
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), considera que sí es indispensable que este tipo de fiscales tengan la posibilidad de tener cierta seguridad y que aunque no está previsto sobre si se debe brindar la misma a quienes ya no laboren en la FECI, sí debió hacerse una evaluación sobre a quién se le asigna este esquema.
“Igual que se le dio a Mario Estrada por parte del Ministerio de Gobernación, siendo presunto narcotraficante y no teniendo ninguna necesidad aparente de contar protección, ¿entonces por qué no se le da a funcionarios que cumplen su tarea y no digo solo Fiscales, también jueces?”, señaló De León Escribano.
La analista indicó que, si se habla de la captura del Estado, la única forma de resolverlo es por la misma actuación de la justicia y la investigación, pero esos funcionarios (jueces y fiscales) son lo más expuestos para realizar su tarea.
En un comunicado de prensa difundido ayer, González señaló que por su propia seguridad y la de su familia “que nunca fue preocupación de la administración fiscal”, tuvo que imponerse un inmerecido exilio.
¿QUÉ CASOS CONOCIÓ EL EXINVESTIGADOR?
El pasado 30 de agosto, González dio a conocer que renunciaba al cargo de investigador en la FECI, por motivos personales.
Además del Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015, el exfiscal tenía a su cargo el Caso Traficantes de Influencias, en donde aparentemente está implicado Mario Leal, ex vicepresidenciable de la UNE, y también el diputado Felipe Alejos, quienes, presuntamente, cobraron coimas a empresas, con el fin de agilizar el proceso de pago de crédito fiscal.
También conoció el Caso Aceros de Guatemala, entre otros.
