Por Redacción La Hora
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El exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Andrei González, denunció penalmente a la Fiscal General del Ministerio Público MP, Consuelo Porras, por los delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de la justicia, también denunció al Secretario de Política Criminal del MP, Julio Cordón, por los mismos delitos, a quienes señala de haber obstaculizado la investigación del Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE.
En la denuncia presentada por González en la Oficina de Atención Permanente del MP, relata que Porras tenía conocimiento del Caso de la UNE desde mayo de 2018 y que, en una reunión sostenida en octubre de 2018, con personal de la FECI y CICIG, en el despacho de Porras, se procedió a explicarle de manera precisa los hechos investigados y proporcionar los elementos de investigación.
Según González, en esa reunión, la Fiscal General al escuchar los pormenores de la investigación manifestó tener dudas respecto “al monto total que no fue reportado por parte de la agrupación política al TSE” aspecto que fue subsanado en el informe financiero esa semana.
Además, de acuerdo con el exfiscal, el investigador financiero de la CICIG le entregó a Porras el informe financiero en octubre de 2018, el cual constaba de 147 páginas, para accionar penalmente contra Sandra Torres, Gustavo Alejos, Mario Leal Castillo, entre otras personas, así como contra los diputados: Orlando Blanco, Karina Paz, Jairo Flores, Julio Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas y dos alcaldes.
Según la denuncia, en otra reunión celebrada el 5 de diciembre de 2018 la Fiscal General les indicó que no había podido revisar el informe financiero, y que lo haría al día siguiente a más tardar, lo que no cumplió, pese a que según el juicio de los investigadores de la FECI lo presentado era suficiente para accionar en contra de las personas sindicadas.
Posteriormente y ante un escrito presentado por Juan Francisco Sandoval el 17 de diciembre, Porras los atendió el 7 de enero de 2019 y en esa reunión, sin dar anuencia para accionar penalmente, la Fiscal General requirió las imputaciones de los sindicados y los escritos que contenían las solicitudes de antejuicio, información que le fue trasladada.
El 15 de enero de 2019, en otra reunión, en la que también estuvo Sandoval, después de haber transcurrido casi tres meses de la denuncia, Porras dijo que ya había revisado el expediente, que ya había revisado las imputaciones y cuestionó por qué a Torres se le estaba imputando dos delitos. Asimismo, según González, Porras también dijo que a juicio de ella no había nada como para presentar una solicitud de antejuicio en contra del diputado Orlando Blanco.
“Momento en que nos dejó claro que en contra de esa persona mejor si no accionábamos, por lo que atendiendo a lo que se nos indicó se procedió a excluir a esa persona de las solicitudes de antejuicio que pretendíamos formular”, dijo.
A decir de González, el 22 de enero, en compañía de Juan Francisco Sandoval y Fernando Antonio Orellana, auxiliar fiscal quien participó en la investigación, estuvo en reunión con Cordón y Porras, en las que se les dijo que se les iba a dar autorización para accionar en contra de las personas señaladas y que Cordón dijo que acordaron que por “política criminal” la investigación se iba a dar a conocer el 5 de febrero.
“Se le hizo ver a la Fiscal General que detener la investigación para ese día daría margen para a que Torres pudiera estar inscrita como candidata a la Presidencia, por la UNE, a lo que nos indicó la Fiscal General de manera relajada que entonces iba a tocar presentar antejuicio pero que ella y el secretario de política criminal ya habían decidido que no se presentara el caso antes del 5 de febrero bajo el falaz argumento que antes de esa fecha no se presentaría ninguna acción en contra de candidatos que participaran en las Elecciones Generales de 2019”, constata la denuncia.
Según González, días atrás el Ministerio Público había presentado una denuncia contra Edwin Escobar, quien también participó en la contienda electoral.
“Más que una simple coincidencia, resulta evidente que la fiscal general Consuelo María Porras Argueta y el secretario de Política Criminal, Julio Cordón de manera coordinada obstruyeron la judicialización del caso en favor de Sandra Torres y así le dieron ventaja para que esta pudiera recibir su credencial ante el TSE para así gozar de inmunidad”.
El caso contra Torres fue presentado el 6 de febrero y un día antes, el 5 de febrero, Torres recibió sus credenciales.
PORRAS QUERÍA SEÑALAR A ALDANA
González también señala que la Fiscal General le reclamó por un informe que él elaboró, en el cual le cuestionó de manera “desafiante” por qué aseguró en el mismo que la exfiscal general Thelma Aldana no tenía conocimiento del Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE y por qué indicaba en el mismo a la Fiscalía de Asuntos Internos que dicho caso se le había presentado a Porras, cuando era un caso que no le correspondía a su administración por ser un hecho de 2015, además de increparle por qué según la Fiscal General faltó a la verdad al indicar en el documento que ella autorizó para que se accionara penalmente en el caso de la UNE hasta el 4 de febrero de 2019, “reprochándome que ella no se recordaba haber indicado esa fecha”.
Finalmente, González señala que, con esa acción, Porras busca cambiar y tergiversar la historia de los hechos que denuncia y a la vez trata de señalar a Aldana asegurando “de manera falaz” que dicha investigación era de su conocimiento.
Además de la denuncia, el exfiscal de la FECI emitió un comunicado en el que señala a Porras de revanchismo, lo que ha obstaculizado el trabajo que desarrolló dicha Fiscalía, con el acompañamiento de la CICIG.
MP SIN POSTURA
La vocera del Ministerio Público, Julia Barrera respondió a La Hora, luego de la denuncia en contra de la fiscal General Consuelo Porras y el comunicado divulgado, que «al tener una postura oficial se las compartiremos».
