Por Redacción La Hora
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Este día se conoció una denuncia realizada por el ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Andrei González, en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, por supuestamente obstaculizar la judicialización del caso contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por financiamiento electoral ilícito en las elecciones de 2015, lo que habría beneficiado a su excandidata presidencial, Sandra Torres y al diputado Orlando Blanco.
De acuerdo con la denuncia del exfiscal de la FECI, Porras tuvo conocimiento del caso UNE, que implicaría a Torres y al diputado Blanco, desde mayo de 2018, cuando se procedió a realizar diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro que permitieron a la FECI obtener más elementos de investigación para establecer, en septiembre de ese año, la existencia de hechos delictivos que podrían constituir un financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado a favor del partido verde en la campaña electoral de 2015.
Los detalles del caso le fueron presentados a la jefa del Ministerio Público (MP) el 11 de octubre de 2018 pero no fue hasta el 22 de enero que Porras dio la autorización para accionar en contra de los señalados pero que por “política criminal” la investigación se daría a conocer el 5 de febrero.
Ese día, Sandra Torres recibió sus credenciales que le dieron inmunidad. La FECI presentó el caso el 6 de febrero, así como la solicitud de antejuicio contra la que ya era candidata presidencial de la UNE.
UNE BUSCA MECANISMOS PARA REMOVER AL FISCAL GENERAL
Ayer, un día antes de conocerse la denuncia penal contra Porras, la bancada UNE, el partido al que se señala de haber sido protegido por Porras, presentó una iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público (MP) que busca otorgarle al Presidente la facultad de poder remover al Fiscal General, si considera que no está cumpliendo con sus funciones, lo cual se determinará a través de un informe de evaluación.
La iniciativa tiene como fin modificar el artículo 14 de dicha normativa. La evaluación que realizará el Presidente lo hará por un mes, acompañado de un equipo técnico.
“Dependiendo de los resultados de esta evaluación el Presidente podrá remover al Fiscal General” dijo Carlos Barreda, subjefe de la bancada UNE.
GIAMMATTEI: FISCAL PORRAS “EN DEUDA”
Por otro lado, tras ganar las elecciones generales con amplia ventaja sobre su contrincante, Alejandro Giammattei dijo a la cadena CNN que Porras tenía una deuda que cumplir en el caso Torres.
“La Fiscal Porras nos tiene una deuda que cumplir a los guatemaltecos, sobre todo para poder dilucidar algunos temas preocupantes como el caso que Sandra Torres haya llegado la solicitud de antejuicio un día después de su inscripción y no durante los años que fue investigada, hoy ya se acabó el antejuicio y yo esperaría que la Fiscal Porras le responda a los guatemaltecos haciendo lo que esté en sus manos, que es la persecución penal de la señora Sandra Torres por los delitos que el MP ha dicho que ha cometido” dijo Giammattei a ese medio.
En febrero pasado, el MP presentó la solicitud de antejuicio contra Torres, un día después de que ella había obtenido su credencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio trámite a la denuncia contra la entonces presidenciable, por lo que ella pudo seguir en la contienda electoral.
El fiscal González explicó en su denuncia realizada ante la Oficina de Atención Permanente del MP que la decisión de presentar el antejuicio un día después de que ella tuviera inmunidad fue de la misma Fiscal Porras y del Secretario de Política Criminal, Julio Cordón, a quien también denunció por los delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de la justicia.
TORRES DETENIDA
El 2 de septiembre Torres fue detenida en su residencia, por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
La detención de Torres se dio casi tres semanas de concluida la segunda vuelta electoral.
La UNE explicó en un comunicado que la captura de su candidata fue una medida desproporcionada e innecesaria. “Siguen judicializando la política” sentenció el partido verde.
