Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
Ayer el Congreso de la República aprobó la creación de una comisión anti CICIG, la cual investigará todo lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante su mandato, y de encontrar alguna ilegalidad, que determinarán los integrantes de la misma comisión, presentarán denuncias civiles, penales y administrativas, algo que para analistas consultados carece de legalidad.
Según Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) esa Comisión creada por el Congreso no tiene las facultades legales para investigar. “El Congreso tiene la facultad de crear comisiones, pero no pueden los diputados del Congreso asumir funciones de investigación, esta es una competencia exclusiva del Ministerio Público (MP)”, aseguró.
El abogado agregó que en esta situación hay dos niveles de violación, “la violación que se comete no es simple, es una violación a la democracia y a la Constitución en la división de poderes, lo primero es que está violentando la independencia judicial y en segundo se está violentando la autonomía de la persecución penal que es exclusiva del MP”.
Samayoa refirió que en ningún sentido pueden entrar a investigar funcionarios que no tienen las atribuciones de la investigación. En primer lugar, ellos no son fiscales, son diputados y en segundo lugar porque son personas que, incluso, han estado acusados de haber cometido algún hecho ilícito y, en tercer lugar, como representantes directos del pueblo sí pueden fiscalizar ciertas actividades, pero no pueden optar a que en ese tipo de fiscalización ellos mismos determinen si se cometieron hechos ilícitos o no.
TARDE O TEMPRANO SE VAN A ESTRELLAR CONTRA ESTE VALLADAR LEGAL
Por su parte, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana indicó que la creación de la Comisión anti CICIG, es un ejercicio meramente “baladí e inútil”, debido a que conforme a lo dispuesto por el convenio constitutivo de CICIG, la Comisión, al igual que el Comisionado y quienes forman parte de la misma, gozan de las inmunidades diplomáticas de jurisdicción y administrativas que provee el derecho internacional.
“De tal manera que siendo este convenio un tratado internacional, forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. Si ellos (los diputados) quieren hacer una investigación, lo que no han explicado es cómo van a violar esa inmunidad de jurisdicción y las inmunidades y privilegios que ese sentido les provee el derecho internacional, hasta el momento no lo han dicho, es prácticamente una maniobra distractora y carente de juridicidad” señaló Orellana.
De acuerdo con el abogado, si los diputados recopilaran información y promovieran algunas acciones, “tarde o temprano se van a estrellar contra este valladar legal que adicionalmente tiene otro punto que hay que considerar, este (comisión anti CICIG) es literalmente un acuerdo del Congreso de la República, es una legislación terciaria que pretende pasar por encima de una Ley de rango dos veces superior a esta disposición meramente administrativa del Congreso”.
Según Orellana, si los jueces van a conocer de oficio el tema jurídico de estas acciones, van a ser desechadas.
Agregó que es una verdadera pérdida de tiempo, que todos los diputados que han sido señalados de algún hecho ilícito debieron de haberse abstenido de votar para crear esa comisión por conflicto de intereses, pero más importante que eso “los diputados carecen de esa facultad”.
COMISIÓN ANTI CICIG TIENE LÍMITES
Entre tanto en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac y Edie Cux presidente de Acción Ciudadana coincidieron en que la comisión anti CICIG tiene límites.
“Consecuentemente yo creo que esta comisión tiene límites, no es una cuestión de cualquier cosa a pesar de que las atribuciones que tiene son muy amplias, porque llega al extremo de ver qué tipo de ilícitos se cometieron, porque ahí sí puede ser ámbito de otra actividad que no es realmente legislativa”, dijo Fuentes Destarac.
«El Congreso tiene facultades limitadas. Esa división de poderes y equilibrio de contrapesos son el principio de que no pueden investigar penalmente», señaló Cux.
