POR HEDY QUINO
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El presidente y vicepresidente del Congreso Álvaro Arzú y Felipe Alejos, los principales promotores de la Comisión anti CICIG que investigará todo lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que busca dejar sin efecto su trabajo, han sido señalados indirecta y directamente por los casos de corrupción que develó en conjunto con el Ministerio Público (MP). Asimismo, la mayoría de los 82 diputados que apoyaron esta iniciativa también están relacionados a expedientes judiciales.
El padre de Arzú Escobar, el ex alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen (fallecido), enfrentó un proceso de antejuicio por su posible vinculación en el Caso Caja de Pandora, una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), según las investigaciones.
Otro de los casos que reveló la CICIG-MP y que se relaciona al jefe del Legislativo, es el de Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista. De acuerdo con las pesquisas, dicha organización política utilizó fondos y recursos de la Municipalidad de Guatemala para las campañas políticas 2011-2015. Arzú Jr. no es señalado en ese proceso, pero él ha salido en defensa de su padre y algunos sindicados dentro del proceso.
ALEJOS: CASO TRAFICANTES DE INFLUENCIAS
En tanto Alejos se encuentra en la disputa de su inmunidad, por la solicitud de antejuicio que solicitó la CICIG-MP por su posible vinculación en el Caso Traficantes de Influencias, una organización criminal incrustada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que se dedicaba agilizar la devolución del crédito fiscal por medio de acciones ilícitas, señalan las investigaciones.
Uno de los integrantes de la Comisión anti CICIG, Juan Ramón Lau, si bien no está vinculado a los casos que presentó la CICIG-MP, es miembro del Bloque TODOS de Alejos y se conoce que es uno de sus más allegados operadores a las órdenes del Secretario General del partido.
FCN-NACIÓN: FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
Los diputados del oficialismo Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fueron los que en su mayoría votaron a favor de aprobar la creación de la Comisión anti CICIG y su jefe, Javier Hernández, fue uno de los que propuso la instalación de esta.
El partido político de los oficialistas podría desaparecer, derivado de la investigación de Financiamiento Electoral Ilícito que reveló el MP-CICIG, en el que se señala que FCN-Nación posiblemente incurrió en el delito de financiamiento electoral ilícito, por causa de aportes anónimos.
De acuerdo con las investigaciones, los plazos de rendición de informes se hallaban más que vencidos y no fueron admitidos ni examinados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se estableció que hubo una conducta de FCN-Nación orientada a no proporcionar información requerida por escrito a su Secretario General.
Por este expediente judicial, el presidente Jimmy Morales, quien fungió como Secretario General de FCN-Nación, enfrentó dos procesos de antejuicio en su contra y dicha agrupación enfrenta un proceso de cancelación en el TSE a solicitud del MP.
Los oficialistas que votaron a favor de la creación de la Comisión anti CICIG fueron: Luis Alonzo Pernilla, Ileana Calles, Edin Casasola, Rodolfo Castañón, Byron Chacón, Víctor Cruz Clavería, Sandra Cruz, Ferdy Elías, Laura Franco, Estuardo Galdámez, Juan Manuel Giordano, Milton Guerra, Claude Hermelin, Javier Hernández Ovalle, Julio Cesar Longo, Joel Martínez, Herber Melgar Padilla, Edgar Montepeque, Rudy Pereira, Marco Aurelio Pineda, Patricia Sandoval, Edgar Sandoval, Julián Tesucún, José Domingo Trejo y Marcos Yax.
UNE: FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
Siete diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también votaron a favor de Comisión anti CICIG, si bien no fueron aquellos más representativos en el Congreso, hubo quienes sí apoyaron la creación de esta.
La UNE enfrenta un caso de Financiamiento Electoral Ilícito, derivado de las investigaciones que reveló en su momento CICIG-MP, la entonces Secretaria General de dicha agrupación, Sandra Torres, enfrenta un proceso judicial y se encuentra en prisión preventiva.
Además, la UNE también enfrenta un proceso de cancelación en el TSE a solicitud del MP, por no declarar aportes millonarios de financiamiento electoral en el Tribunal Supremo Electoral, de la campaña electoral de 2015, que ascienden a casi Q28 millones.
