Por: Cristian Velix
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El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) presentó ayer un proyecto de reglamento con el que busca hacer operativas las evaluaciones de jueces y magistrados para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), de realizar esas mediciones como lo estableció la respectiva ley en 2016, luego de que le otorgara un amparo provisional a la Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Ventura Loyo.
Si bien el presidente del Consejo, Carlos Guerra, refirió inicialmente que ese proceso lo podría cumplir esa instancia en tres o cuatro meses, posteriormente manifestó que las mediciones podrían realizarse en uno o tres meses.
Sin embargo, primero se necesita que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apruebe la propuesta de reglamento que entregó en esta ocasión el CCJ, que se publique en el Diario de Centro América, para que después cobre vigencia.
El documento que se presentó ayer, según indicó Guerra, contiene las modificaciones que requirió en su momento la alta Corte del Organismo Judicial (OJ), ya que anteriormente este órgano no aprobó el primer proyecto planteado, debido a que contenía falencias, según la magistrada de la CSJ, Silvia Valdés.
La aprobación del reglamento sería el primer paso, no obstante, Henry Ramos, también integrante del Consejo como profesional de recursos humanos, indicó que se necesita de apoyo material y humano, con lo que se podría dar cumplimiento a la realización de las mediciones de desempeño en tres meses.
“Si la CSJ nos apoya con insumos, materiales, equipo y recurso humano sí es posible cumplir en tres meses”, comentó Ramos, al tiempo que agregó que se necesitaría para ese efecto la contratación de diez evaluadores, además de personal especializado que se encargará de calificar las sentencias emitidas por los integrantes de la carrera judicial.
“La ley nos prohíbe que jueces y magistrados evalúen, entonces necesitamos el personal idóneo para eso, nosotros también hemos trabajado y ya tenemos el perfil de las personas que van a evaluar”, afirmó el consejero.
Anteriormente, una fuente cercana al CCJ, explicó en este proceso se debían realizar módulos de capacitación hacia jueces y magistrados que serán objeto de evaluación, esto para que ellos estén consientes en qué se basará la medición, qué factores se medirán, cuál será su ponderación, es decir, explicarles cuál es el procedimiento al que se van a someter.
Con ese contexto, Ramos dijo que cuando se hizo un reglamento previo, se tuvo algunos amparos en donde los jueces subrayaron oposición, porque aducían que no serían evaluados con objetividad.
“Dentro del cronograma de actividades que estamos planificando, está una socialización con nuestros jueces y magistrados”, manifestó el entrevistado y añadió que se apoyarán de los gremios del OJ, para que los jueces estén conscientes que en “ningún momento el CCJ quiere perjudicarles, sino que vamos a mantener la objetividad”.
LO ORDENADO POR LA CC
La CC otorgó un amparo provisional a favor de la Fundación Myrna Mack y el magistrado, Noé Ventura Loyo, para que el CCJ evalúe a los integrantes de la carrera judicial y dé cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 76 de la actual Ley de la Carrera Judicial.
El inciso de esa legislación manifiesta que los jueces y magistrados que tengan interés de participar en el proceso de las Comisiones de Postulación, además de que tengan desempeño satisfactorio, podrán gozar de la gradación que establezcan las Postuladoras en el proceso de elección de las autoridades judiciales.
Para ese objetivo, describe la ley, se deberá tomar en cuenta en la evaluación elementos como los años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, la especialización y el desempeño profesional satisfactorio o sobresaliente y será el CCJ el que remita esa nómina a las Comisiones.
Anteriormente, el Consejo remitió un conjunto de papelería de jueces y magistrados que mostraron interés en participar en este proceso de elección de Cortes, pero la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones y también la de CSJ, rechazó esos expedientes, al apreciar que se hizo de forma extemporánea y no contaba con la ponderación de cada uno de ellos.
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“NO SE CONSIDERA NINGUNA PONDERACIÓN PARA JUECES”
El presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), Haroldo Vásquez, indicó que la falta de evaluación, por falta de reglamento, limita la posibilidad de que se puedan hacer consideraciones de los méritos que pueda tener un juez, con bases a sus calificaciones, a tal extremo que impide ascensos, traslados y nombramientos.
“También en este momento tenemos la inconsistencia de que dentro de las Comisiones de Postulación no se tiene un sistema de evaluación que considere la Carrera Judicial y esto hubiera servido de mucho al presentar los expedientes que establece la Ley de la Carrera Judicial con las notas de los jueces y poder tomarlos en cuenta”, expresó Vásquez.
El juzgador, dijo que la jueza Erika Aifán y que el juez Miguel Ángel Gálvez (que pertenece a esa Asociación) es un claro ejemplo de las condiciones en las que un juez de carrera ingresa para ser considerado en las Postuladoras, indicando que no se tiene ninguna puntuación especial para la carrera judicial.
“Prácticamente se eliminó y se aplicó un sistema distinto, entonces los jueces no tenemos una condición orientada a reconocer los méritos como tales, para ser tomados en cuenta con una ponderación especial”, afirmó Vásquez.
¿QUIÉNES FORMAN EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL?
Actualmente el CCJ está presidido por Carlos Guerra, antiguo titular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, él cerró el proceso penal en contra de Anahí Keller, exdirigente de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), esto por el Caso Hogar Seguro. Además, es representante de los jueces de Instancia.
Lo complementan, de forma titular, Gilma Valladares, como representante titular de los magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría; por lo jueces de Paz figura en el Consejo Martha Valdés, mientras que por la CSJ se encuentra Carolina Paniagua.
Todos se postularon para una magistratura en estas Comisiones de Postulación y fueron cuestionados por Eleonora Muralles y Ana Margarita Castillo de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
A todos ellos los señalaron por incumplimiento de sus atribuciones dentro del CCJ, debido a que, no se ha aprobado el reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, el cual las activistas señalan como una de las atribuciones “más trascendentales de este ente rector”.
Por eso, según las profesionales, tendrían impedimento para aspirar a una Corte, asimismo, agregan que Valladares fue parte negociante de la elección de la planilla de comisionados de Corte de Apelaciones que actualmente integran la postuladora de la CSJ, que según Muralles, presentaba varias anomalías, hasta quedar anulada por la CC, después de otorgarle un amparo provisional a Noé Adalberto Ventura Loyo.
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RETRASOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
Entre las circunstancias que han existido para impedir la aplicación integra de la actual Ley de la Carrera Judicial, comentó una persona que conoce las acciones del Consejo, se encuentra que en la misma normativa no se definía cómo se iba a elegir a los expertos que son parte del CCJ, es decir, los profesionales en recursos humanos, administración pública y psicología.
Por esa razón, añadió, se tuvo que reformar esa normativa de 2016 y conllevó a la aprobación del Decreto 17-2017, posterior a ello el órgano quedó finalmente formado, hasta febrero de 2018, razón por la que la fuente justifica que no se pudo implementar la ley, tomando en cuenta el tiempo en que el decreto original se publicó en 2016 y adecuación del Consejo casi dos años después.
Tras la conformación de febrero, se tenía que elegir a las autoridades y funcionarios de los órganos auxiliares, siendo estos la Unidad de Evaluación de Desempeño, la Supervisión General de Tribunales, la Junta de Disciplina Judicial, la Junta de Disciplina de Apelaciones, la Escuela de Estudios Judiciales, como también las Supervisiones Regionales en Quetzaltenango y Chiquimula.
A pesar de ello, la fuente argumentó que acciones legales han impedido que dichas autoridades puedan tomar posesión, por lo que estas unidades continúan funcionando, pero con los dirigentes anteriores.
