Por Margarita Girón
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Después de que el pleno del Congreso aprobara esta semana en primer debate la “Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia”, propuesta por los diputados Javier Hernández, Ileana Calles y Herber Melgar Padilla, que busca castigar con seis meses a ocho años de prisión a las personas que trasladen fuera de las fronteras del país sin la Documentación Legal Migratoria, a menores de edad, sin importar que este sea el padre, las reacciones de migrantes y expertos coincidieron en que se busca criminalizar a la población migrante.
“GOBIERNO NO HACE LEYES QUE CONSTRUYAN”
Mario Chavarría, un líder migrante guatemalteco que reside en Nueva York, manifestó que si la ley fuese propuesta con intereses reales de proteger a la niñez y adolescencia guatemalteca tendría fundamentos para que fuese aprobada; sin embargo, acotó que podrían leerse intereses oscuros que lejos de beneficiar a la niñez, perjudicaría la situación de las familias e incrementarían los riesgos para los niños y adolescentes.
“Es algo turbio y mafioso de parte del Congreso porque ellos nunca hacen leyes que construyan, sino solo para favorecer cierto sector y no a las familias guatemaltecas. Lo peor es que al final, los niños son los que sufren y pagan los platos rotos de estas leyes”, señaló Chavarría.
En uno de los artículos de la iniciativa, describen que en caso, la persona que realice el hecho ilícito anteriormente tipificado sea alguno de los padres o ambos padres, se le solicitará al Juez competente que se le otorgue Criterio de Oportunidad, para sustituir la pena de prisión que pueda decretarse, esto con el fin de no dejar sin amparo a los menores o adolescentes.
Mientras, que en otro de los incisos detallan que el Criterio de Oportunidad se le otorgara al padre que fuere arrestado, si el Ministerio Público (MP) considera que determinado caso no afecte la seguridad ciudadana ni el interés público.
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CASTIGAR A MIGRANTES NO ES LA SOLUCIÓN
Para *María Aguilar, migrante y madre guatemalteca residente en California, de aprobarse se estaría criminalizando a las familias migrantes al proponer el encarcelamiento incluso de los padres de los niños que migran.
“Esta no debe ser la solución, el Gobierno debería buscar alguna alternativa para poder generar trabajo para las personas y mejores personas para que los guatemaltecos no tengan que emigrar a otros países”, acotó Aguilar.
Asimismo, agregó que también se debe crear conciencia en los padres sobre las responsabilidades y riesgos a los que exponen al cruzar la frontera, pues actualmente los riesgos son grandes y las leyes cada vez son más estrictas.
Por su parte, Claudia García, guatemalteca residente en Massachusetts, manifestó que este tipo de leyes no protegen, ni amparan a los niños, niñas y adolescentes y agregó que no abordaría las causas forzadas de la inmigración.
“De ninguna manera tendremos resultado positivos, lo que el Congreso debería de poner en la mesa para ser debatida es una ley digna, donde sus derechos sean justos y equitativos, donde hayan empleos dignos, salud, y sobre todo educación para nuestros hijos y así evitarse una migración forzada, y obligatoria”, manifestó García.
INICIATIVA ES REPRESIVA
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua), señaló que dicha iniciativa podría llegar a criminalizar a los padres que migren con sus hijos. Asimismo, indicó que es probable que dicha Ley sea parte de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de Jimmy Morales con Estados Unidos.
“Como toda esa negociación ha sido tan opaca, no se ha dado en el marco de la transparencia y se ha dado con la espalda hacia la población incluyendo a la propia institucionalidad pública por todos los documentos que el Ejecutivo aún no ha trasladado a la Corte de Constitucionalidad “, dijo Santos.
Además, agregó que al parecer dicha ley no busca solventar las causas estructurales que producen la migración y que empobrecen a la niñez guatemalteca, “uno podría pensar que no es una ley que busque darle protección o salvaguardar el interés superior del niño y la niña, sino que pretende única y exclusivamente frenar el fenómeno de la migración a través de una acción represiva de criminalizar a quien migra”, enfatizó Santos.
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ES CONTRADICTORIO QUE EL ESTADO BUSQUE CASTIGAR A QUIENES MIGRAN
Lorena Escobar, analista e investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincidió en que se está criminalizando la migración. Asimismo, explicó que Guatemala no brinda condiciones a las personas que migran en busca de una mejor vida y a decir de la investigadora, es contradictorio que se busque castigarlas cuando el Estado no tiene presencia en los lugares en donde emigran más personas.
“El Estado no tiene control y no ha logrado reducir los índices de pobreza, desnutrición crónica así como la cobertura en educación, entonces encontramos un contrasentido y no veo cuál pueda ser el objetivo de impulsar dicha ley”, acotó Escobar.
Asimismo, explicó que podría tratarse de alguna complacencia por parte del Gobierno a las presiones que está recibiendo de Estados Unidos para tener un control migratorio.
AÑO MARCADO POR MIGRACIÓN DE UNIDADES FAMILIARES
De acuerdo con la iniciativa propuesta por los tres parlamentarios del partido FCN-Nación, quien traslade fuera del territorio de Guatemala a menores de edad de cero meses de nacidos a doce años de edad, o adolescentes de trece años a diecisiete años de edad, serán sancionados con prisión de seis meses a ocho años.
El año fiscal 2019 estadounidense, que marca su inicio el 01 de octubre pasado y finaliza el 30 de septiembre ha sido marcado por la cantidad de unidades familiares originarias de Guatemala que migraron acompañados por niños niñas y adolescentes y menores no acompañados que fueron detenidas por agentes fronterizos en Estados Unidos.
En 10 meses, la CBP detuvo a 177 mil 142 unidades familiares y 28 mil 694 NNA de origen guatemalteco, mientras que las deportaciones continúan en aumento, pues en un solo mes, el Instituto Guatemalteco de Migración,(IGM) reportó que 415 menores retornaron al país, cifra que incluso supera al total de menores deportados durante todo el año en periodos anteriores.
*A solicitud de la entrevistada, se omitió su nombre real por motivos de seguridad.
