Por: Cristian Velix
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El Congreso de la República ratificó este día, con 88 votos a favor, la decisión del Organismo Ejecutivo de decretar estado de sitio en 22 municipios, tras el asesinato de tres militares y la retención de otros seis en El Estor, Izabal.
Los legisladores introdujeron y aprobaron unas enmiendas, entre ellas que el presidente, en conjunto con sus ministros, deberá remitir al Congreso informes circunstanciados sobre los montos incurridos dentro de las ejecuciones contenidas en el estado sitio.
Asimismo, deberá enviar un informe de las entidades responsables de los gastos realizados y logros alcanzados con la ejecución hecha, así como el nombre de las entidades, empresas, personas individuales o jurídicas que participen en la ejecución de los recursos relacionados al estado de sitio.
Para ello, se deberá remitir el nombre de las entidades, propietarios y montos realizados invertidos y gastados.
De igual manera, se estableció que todo lo actuado y la documentación en los procesos de compra y contratación de bienes, suministros y servicios deberán publicarse en Guatecompras dentro de los 15 días siguientes de la fecha de la contratación.
En el decreto aprobado por el Congreso también quedó prohibida la contratación de obra pública durante su vigencia y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), deberá instruir a las unidades ejecutoras, para que dentro del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) se abra un programa presupuestario denominado Seguridad Estor S-19, en donde se registre el gasto del estado de sitio.
Por último, se decretó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) será la responsable de llevar a cabo el proceso de fiscalización respectivo y deberá remitir al Congreso, en un plazo no mayor de 30 días de finalizado el estado de sitio los informes de auditoría respectivos.
El Acuerdo Gubernativo tendrá la duración de 30 días y entrará en vigor una vez sea nuevamente sancionado por el presidente, Jimmy Morales.
REACCIONES
Previo a la aprobación varios diputados expresaron su desacuerdo o apoyo a la ratificación, por ejemplo, la diputada señaló que había diferencias entre el Acuerdo Gubernativo con el que se declara el estado sitio en el Diario Oficial y lo que se envió al Congreso.
La diputada mencionó que debía haber controles presupuestarios pero no solo para el Ministerio de la Defensa, ya que se ha visto que muchos ministerios aducen tener necesidades y muchas veces bajo el amparo del estado de sitio.
Mientras que Estuardo Galdámez de FCN-Nación, aprovechó para arremeter contra la CICIG, a quien culpó de debilitar la institucionalidad nacional, también criticó al excomisionado, Iván Velásquez, “él no es bien visto, salvo por los grupos que han propiciado la inestabilidad”, dijo.
Orlando Blando de la UNE también habló de la CICIG y mencionó que debía analizarse que no apoyo en los últimos cuatro años al país en la detención de presuntos narcotraficantes. A la vez, mencionó que se debían evitar detenciones ilegales, y que no podían “dar un cheque en blanco» al Gobierno; pidió que las instituciones digan que han hecho contra el narcotráfico.
Mientras esto sucedía en los alrededores del Palacio Legislativo se incrementó la presencia de la PNC y se colocaron vallas para evitar que se aproximara una manifestación de la Batucada del Pueblo contra el estado de sitio.
La PDH indicó que el procurador Jordán Rodas “lamenta que sea restringido el derecho constitucional a la manifestación art. 33 sin fundamento legal, ante fuerte operativo de @PNCdeGuatemala en @CongresoGuate donde se desarrolla sesión para aprobar Decreto #EstadoDeSitio”.
